CDMX — Para quitarle el freno al temor de las represalias dentro del servicio público por denunciar violencia de género, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad que se obligue a autoridades jurisdiccionales que activen mecanismos de manera urgente para proteger a las víctimas del abuso de poder contra las mujeres familiares del servidor.
En México, siete de cada de 10 mujeres han sido blanco de algún tipo de agresión (laboral, física, verbal, sexual, sicológica, económica, familiar y política) por parte de los hombres, sostuvo la diputada emecista Anayeli Muñoz al presentar el dictamen que recibió 450 votos a favor.
La legisladora por Aguascalientes reprobó esos casos de violencia familiar cometida por personas servidoras públicas sean sancionados administrativamente al abusar de su poder o cargo para ejercerla.
“Ningún agresor puede utilizar su cargo público para quedar en la impunidad, no importa si es diputado federal, local, alcalde, gobernador o algún funcionario de los tres órdenes de gobierno”, advirtió la legisladora federal.
La modificación a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, también contempla que cuando las autoridades emitan órdenes de protección se tome en cuenta la relación de poder, subordinación y privilegio que tiene la persona servidora pública en contra de la mujer, niña o adolescente, en situación de violencia.
En tribuna, la proponente Anayeli Muñoz lamentó que actualmente 7 de cada 10 mujeres han enfrentado algún tipo de violencia, y que dolorosamente la violencia más frecuente y extrema es ejercida por las parejas de estas mujeres, por ello, esta reforma tiene como objetivo fortalecer las medidas de protección a víctimas, especialmente en aquellos casos en que los agresores sean servidores públicos.
“La bancada naranja no cejará en reformas que permitan combatir la impunidad de la violencia de género, sin importar el cargo público que ocupen sus agresores, y con la finalidad de garantizar la seguridad y la justicia para todas las mujeres. El cargo público no debe convertirse en un escudo protector para dejar impune la violencia de género.”
En entrevista con Crónica, Anayeli Muñoz admitió que aunque existe ya mucho marco legal con el fin de combatir cualquier tipo de violencia hacia las mujeres, lo cierto es ha fallado la aplicación de las leyes, y justamente tiene que ver desde el servicio público.
“Lo vemos. No se actúa ni se activan los protocolos con perspectiva de género. Ha costado mucho, pero debemos seguir insistiendo. Y nunca estarán de más las leyes que se creen para proteger a las mujeres”, comentó.
El objetivo del dictamen es garantizar medidas de protección a víctimas de violencia ejercida por personas servidoras públicas considerando la asimetría de poder entre el agresor y la víctima, Explicó.