En Cara a Cara, la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, revela cómo está tratando de desmontar, desde adentro, viejas inercias de corrupción en la administración pública.
Con una secretaría transversal que acompaña y revisa a todas las dependencias federales, Buenrostro ha impulsado un cambio de paradigma que defiende fervientemente: pasar del modelo correctivo al preventivo, detener irregularidades antes de que nazcan y ahorrar así miles de millones de pesos. El caso emblemático: la nulidad de la licitación de medicamentos, lo que evitó un boquete financiero y que generó un ahorro de 17 mil millones de pesos.
En entrevista con Crónica dentro de nuestra serie Cara a Cara, la funcionaria habla sin rodeos del costo que puede vivir quien combate a la corrupción: amenazas, presiones y resistencias que enfrentan los órganos de control cuando tocan intereses. Su respuesta ha sido radical: intervención inmediata, procesos transparentes y medidas de protección para separar a funcionarios sospechosos.
Con la misma franqueza aborda los cambios legales: licitaciones más simples, subastas inversas, reglas especiales para cooperativas y la modernización administrativa impulsada con la Agencia de Transformación Digital.
–Es importantísimo conocer a profundidad y desmenuzar ¿qué es lo que hace una Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno?
–Esta es una secretaría a la que llamamos transversal, porque tiene injerencia en todas las demás secretarías, pero su injerencia es de carácter administrativo. Somos un tipo de acompañamiento para todas las dependencias, para ver cómo trabajan, cómo hacen sus gestiones, sus procedimientos, su desempeño y sus resultados. Básicamente eso, y nos encargamos de sancionar en caso de que haya faltas administrativas, a servidores públicos, pero siempre y cuando sean faltas menores, no graves. Las graves pasan a los tribunales y los delitos de otro tipo pasan a las instancias correspondientes, como la Fiscalía General de la República.
–¿Cuáles son los retos a los que se está enfrentando actualmente?
–Uno de los retos, el principal, es el cambio de paradigma, orientarnos mucho a la prevención. Era una secretaría que se orientaba mucho a la corrección y a hacer auditorías. Pero ya en la auditoría, la falta administrativa ya ocurrió, ya se desviaron los recursos y desperdiciaste un año de poder hacer algo en el gobierno.
Nosotros nos estamos metiendo muchas fuerzas en la parte preventiva. Si nosotros observamos un acto de corrupción, antes de que se materialice o se concrete, lo interrumpimos, lo paramos, intervenimos y hacemos que se repitan los procedimientos.
–¿Por qué no me da un ejemplo concreto?
–Bueno, un trabajo de ese tipo de prevención muy sonado, que fue muy público y conocido por toda la gente, fue cuando se declaró la nulidad de la licitación de medicamentos a principios de esta administración. Lo que detectamos fueron muchas irregularidades, hubo muchas denuncias, más de 300 empresas que se quejaron y se inconformaron. Lo que nosotros hicimos es que, antes de que se empezara a materializar el contrato y aunque ya había habido un fallo, lo suspendimos.
Y esa suspensión nos llevó a un ahorro después de 17 mil millones de pesos, ¡Imagínense, 17 mil millones de pesos que no sólo no se gastaron, sino que se pueden utilizar para otras cosas!
–Ahora bien, es importante mencionar y destacar que ustedes únicamente hacen lo administrativo, no es como si tuvieran policías y llevarse literalmente a quienes se portan mal a la cárcel.
–No, nosotros lo que hacemos es que integramos expedientes y los mandamos al juzgador, que puede ser el Tribunal de Justicia Administrativa o la Fiscalía General de la República. Podemos presentar ahí las denuncias, pero ya para el castigo final, para que el señor entre a la cárcel y que la empresa quede perfectamente inhabilitada, sí se pasa por otras instancias, ya no nos corresponde a nosotros.
Nosotros nada más supervisamos administrativamente las actuaciones entre el gobierno y el sector privado.
–¿Recibe llamadas de políticos que andan preocupados de que alguien los esté investigando?
–Mira, yo ya en estos niveles, desde el SAT, desde la Oficialía Mayor, que también es un área de mucho contacto con el sector privado, yo creo que me han ido conociendo. Después de siete años ya la gente me conoce y evita la pena de pedirme favores que no son adecuados.
La verdad es que yo no recibo llamadas, no recibo presiones. A veces lo que sucede, y que está pasando sobre todo en esta administración, en este nuevo encargo, es que amenazan a mis equipos de trabajo, y cuando un órgano interno de control en alguna dependencia lleva desarrollando un buen trabajo, pues le empiezan a inventar cosas, a veces con periodicazos, a veces con amenazas directas: ‘te voy a demandar penalmente, no sabes con quién te estás metiendo’.
Cosas así sí han ocurrido, no a mí, afortunadamente, pero sí a mi equipo de trabajo y cuando eso sucede nosotros tratamos de intervenir inmediatamente.
–Tristemente hemos normalizado este tipo de cosas en nuestro país...
–Sí, no debe suceder; yo tan pronto me entero, intervenimos al más alto nivel. La verdad, este tipo de amenazas las informo de manera inmediata ante las autoridades correspondientes.
Y en materia administrativa hay que tomar las previsiones correspondientes; por ejemplo, mandar la señal a todas las empresas que han sido inhabilitadas, que no es un acto de corrupción de una persona que trabaja en la secretaría, que más bien ellos falsificaron documentos o hicieron algunas amenazas y por eso se les está sancionando.
Es empezar a hacer más público y transparente nuestro quehacer para que no haya elementos de ataque.
–Creo que una de las últimas veces que estuvo en la conferencia matutina fue para platicar del famoso Fonden, entonces ¿no servía el Fonden?
–El Fonden era muy burocrático; o sea, en una emergencia lo que urge es atender a la población porque está siendo afectada física y económicamente, se les inundan sus casas, pierden sus casas; en un terremoto quedas atrapado, lo que urge es la atención inmediata. Y el Fonden fue un ejercicio más académico, por así decirlo, más administrativo, donde se desarrolló un procedimiento muy complejo para controlar los recursos, donde se priorizó la parte administrativa, la gestión administrativa en lugar de la gente.
Yo creo que fue mal enfocado y eso llevaba que para aplicar el primer peso pasaban 42 días, por lo menos, pensando en los tiempos más cortos. Está documentado por la Auditoría Superior de la Federación que se llegó a extender hasta 120 días. En el caso del terremoto del 17, se extendió hasta 120 días el poder desembolsar el primer peso. Entonces, era ineficiente porque nunca llegaba el dinero pronto.
Al principio decían, por cada peso que meta el Estado, yo gobierno federal le pongo un peso; pero además el municipio y el Estado tienen que solicitar la intervención. Imagínate, están en un municipio como los recientes, están inundados, el agua la tienen a un metro ochenta y no puede llegar nadie porque el señor tiene que mandar un escrito para que en Gobernación le digan que sí es un desastre natural. El colmo.
Yo decía en la mañanera, en esta ocasión (las recientes inundaciones) tres días fue lo que se llevó para que llegara a Comunicaciones y Transportes, con el secretario Esteva, para habilitar toda la red de carreteras federales. En el tiempo que antes nada más decías “oye gobierno, ¿crees que puedas avisar y darte alta un desastre natural? Sí o no”. Ni siquiera tenías la respuesta.
Pasabas por otro paso, primero a ver una valoración, hasta que llega un comité y ese comité dice, “bueno, vamos a probar si lo sacamos en el Diario Oficial o no, que es un desastre natural”. Para eso ya llevabas en promedio 17 días.
Aquí, en el día 13, la Presidenta, a través de la secretaría, ya estaba entregando los apoyos económicos.
La otra, como el dinero se gastaba por fideicomiso, (éstos), acuérdense que antes del 2000 eran muy oscuros, ni siquiera estaban dados de alta en la cuenta pública, no se reportaban.
Ese dinero nadie lo justificaba ni lo acreditaba que se haya gastado ni cómo se gastaba. Ahorita como todo se hace a través del presupuesto de manera inmediata, es más transparente el ejercicio y cumple las mismas reglas que cualquier otro gasto.
–Uno pensaría que tanta burocracia era para que no hubiera corrupción, tantos candados para que no hubiera corrupción...
–Justo es al revés, yo creo que es como en el INAI, ¿no?: haces un instituto para justificar que eres más transparente y en realidad no eres más transparente. O sea, aquí había mucha burocracia supuestamente para que hubiera menos corrupción, pero en el fondo nada más lo que hacían era justificar la corrupción. Y los que perdían era la gente, porque el recurso llegaba ya demasiado tarde. Y mientras, pues que se las arreglaran como pudieran.