¿Puede la gente atenderse cuando se enferma? Eso mide la “carencia por acceso a los servicios de salud” y la forma de cuantificarla se realiza a través de la metodología de medición multidimensional de la pobreza utilizando la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), la cual tuvo cambios en 2024, y a partir de ello se muestra una mejoría entre 2022-2024; es decir, hay 5.8 millones de personas adicionales que ya pueden atenderse cuando se enferman.
¿Qué cambió en 2024 y por qué importa?
El indicador de carencia por acceso a los servicios de salud descansa en una pregunta de afiliación o acceso a alguna institución. Con los cambios recientes en la denominación y organización del sistema público de salud en México, la ENIGH reescribió el módulo de salud buscando reflejar el nuevo mapa institucional y armonizar su captación.
Dos transformaciones marcan este cambio de contexto: la creación del IMSS-Bienestar como Organismo Público Descentralizado y la federalización de los servicios de salud estatales. Esta transformación inició operaciones en abril de 2022 con la adhesión de Nayarit y, un año más tarde, tras reformas a la Ley General de Salud, sustituyó al INSABI y absorbió sus funciones. Para 2024, el IMSS-Bienestar operaba en 23 entidades federativas, mientras que nueve estados optaron por no integrarse, manteniendo las funciones bajo la responsabilidad de sus Secretarías de Salud: Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Querétaro y Yucatán.
Ante este nuevo marco institucional, se realizaron ajustes al módulo de salud para mejorar la captación de la población que cuenta con servicios médicos, de acuerdo con lo que INEGI documenta en sus notas técnicas:
- Se eliminaron las referencias al Seguro Popular/INSABI y se incorporó IMSS-Bienestar en las opciones, reflejando la transición institucional.
- Se añadió la opción de respuesta “centro de salud, hospital o instituto público de salud”, la cual, según los resultados de las pruebas cognitivas, permitiría identificar a un porcentaje considerable de personas que inicialmente declaraban no contar con seguridad social.
- Se simplificó el flujo del cuestionario mencionando que compactar la secuencia de preguntas no afecta la captación.
El resultado es una mejor captación de personas que usan instituciones públicas, aunque no cuenten con afiliación (inscripción) en alguna. Los datos del INEGI muestran que a nivel nacional la carencia por acceso a servicios de salud disminuyó de 39.1% a 34.2% entre 2022 y 2024; es decir, de 50.4 a 44.5 millones de personas sin acceso, y en el orden territorial, bajó con fuerza en varios estados: Oaxaca (-21.9 puntos porcentuales), Guerrero (-13.9), Tabasco (-9.7), Yucatán (-9.1), Veracruz (-8.5), Nayarit (-8.4), Nuevo León (-7.0), Ciudad de México (-7.0), Hidalgo (-6.9), y Querétaro (-6.3).
¿Qué explica la caída 2022–2024? La pista está en las fuentes de acceso
Los datos del INEGI permiten desglosar la carencia de salud por sus distintos componentes, lo que muestra que el cambio 2022-2024 se relaciona con incrementos específicos; por un lado, un aumento de 2.9 pp en el acceso al IMSS y un incremento de 3.1 pp en IMSS-Bienestar, y por otra parte, una nueva opción de respuesta, “centro público” (centros de salud, hospitales o institutos públicos) captando un 10.5% de la población que reporta tener acceso.
Por entidad, el motor de la reducción varía: IMSS-Bienestar lidera los aumentos en buena parte del sur-sureste, mientras que IMSS encabeza en regiones con mayor formalidad. En estados como Oaxaca y Guerrero, el “centro público” representa en 2024 una porción alta del acceso, lo que ayuda a explicar la caída reciente; en Nuevo León y Yucatán, en cambio, el IMSS es el principal impulsor. Dicho de otro modo: IMSS-Bienestar y centros públicos parecen complementarse como vías de acceso en el sur-sureste, donde la oferta estatal pesa más y el mercado laboral formal es más débil.
Adicionalmente, analizar las cinco entidades federativas con mayor disminución en la carencia de salud entre 2022 y 2024 permite identificar el papel específico de la cobertura a instituciones que no requieren afiliación; especialmente a la nueva opción “centro público”, en la ampliación del acceso. Destacan los casos de Oaxaca y Guerrero, donde se registraron las mayores reducciones en la carencia: en ambos estados, la inclusión de esta nueva opción en 2024 permitió que el 21.8% y 26% de la población, respectivamente, contara con acceso. Un patrón similar se observa en varias entidades, aunque con incrementos de menor magnitud.
Este hallazgo es consistente con la hipótesis de que parte de la reducción de la carencia 2022-2024 se obtiene por una mejor captación del acceso en instituciones públicas que no requieren afiliación, especialmente de los centros públicos; es decir, personas que en 2022 podían haber quedado clasificadas como carentes por no reportar una adscripción formal clara.
¿Qué podría implicar esto para las políticas públicas?
Tenemos dos enfoques, por un lado, un efecto péndulo dado que el regreso parcial en 2024 no borra el aumento de 2018-2024. La historia de mediano plazo revela vulnerabilidades estructurales: la recomposición institucional, la fragmentación de esquemas y la heterogeneidad territorial. El mensaje para política pública es claro: no basta con expandir una vía de acceso. Por otro lado, en el bienio 2022-2024 aumenta el reporte de acceso al IMSS, al IMSS-Bienestar y, sobre todo, a los centros públicos. La lectura fina de esto sugiere dos aproximaciones que reflejan la diversidad de las entidades federativas: i) Sur-sureste: mejor captación y expansión de instituciones de salud que no requieren afiliación, y ii) Norte/centro formal: ajustes marginales por IMSS/ISSSTE y seguro privado.
Por lo tanto, para consolidar los avances que reporta el INEGI en 2024, lo primero es hacer trazables distintos eslabones de un acceso efectivo: afiliación, uso y atención recibida. En paralelo, si el cuestionario vuelve a ajustarse en 2026, hay que preservar las categorías de 2024 y documentar cualquier modificación con pruebas puente que permitan conservar la serie y evitar cualquier duda sobre si los cambios instrumentales se confunden con cambios reales.
El segundo frente es de capacidad instalada en el territorio, sobre todo en el sur-sureste, donde IMSS-Bienestar y los centros públicos muestran ser el motor de la mejora. La elasticidad de la carencia dependerá de más y mejores equipos de salud, abasto, horarios ampliados y soluciones de traslado en áreas rurales y semiurbanas. Aquí conviene operar paquetes territoriales para las entidades con mayores rezagos, que combinen atención primaria fortalecida, rutas claras de referencia y apoyos logísticos para que el acceso potencial se traduzca en atención efectiva.
Por último, hace falta atar salud con protección social para que la cobertura clínica rinda frutos: esquemas no contributivos y la articulación con programas de cuidados reducen barreras de tiempo e ingreso en hogares con alta informalidad. El mensaje operativo es simple: medir mejor, cuidar la comparabilidad y poner los recursos donde más falta hacen; solo así la caída en la carencia podrá sostenerse y cerrar brechas.
La carencia por acceso a servicios de salud no es un tecnicismo; es una traducción estadística de si las personas pueden ser atendidas cuando lo necesitan. Entre 2018 y 2024, el péndulo institucional y la pandemia dejaron cicatrices; entre 2022 y 2024, el incremento en coberturas del IMSS, IMSS-Bienestar y especialmente la nueva opción, el centro público, revierten parcialmente el daño previo. El reto ahora es consolidar la cobertura en el territorio, cerrar brechas y cuidar la comparabilidad para que los avances no se pierdan en la niebla metodológica. El dato, cuando se explica con honestidad y detalle, abre puertas: no celebra ni condena por sí mismo, sino orienta.Para el Estado, los brotes epidémicos implican costos hospitalarios que superan por mucho el precio de las campañas de vacunación, hay evidencia que es una de las intervenciones de salud pública más Costo-Efectivas. El sarampión, por ejemplo, requiere hospitalización en hasta un 20% de los casos y puede tener complicaciones neurológicas de alto costo, además que puede dejar secuelas de por vida, en algunos casos.
Impacto social y sanitario: la niñez mexicana en riesgo
La reducción de la cobertura de vacunación afecta de manera desproporcionada a la población infantil, especialmente aquellos que viven en zonas rurales o en condiciones de pobreza. Enfermedades evitables pueden afectar el desarrollo cognitivo, en general, un niño que enferma con frecuencia pierde días escolares, retrasa su aprendizaje, enfrenta mayores riesgos de desnutrición y secuelas permanentes.
Los hogares de menores ingresos, que ya enfrentan limitaciones en el acceso a servicios de salud, son los más afectados por los costos indirectos de la enfermedad. La pérdida de productividad de los cuidadores, el gasto en transporte y medicamentos y las secuelas a largo plazo, reproducen ciclos de pobreza y exclusión. Así, la vacunación es también una política de equidad social. Más aún, la vacunación puede entenderse como una de las acciones fundamentales que materializan el ejercicio pleno del derecho a la salud.
La vacunación como inversión en capital humano
La economía de la salud considera la inmunización como inversión en capital humano. Un país con alta cobertura de vacunación no solo protege la salud individual, sino que también fortalece su fuerza laboral y su capacidad productiva. La vacunación genera externalidades positivas: quienes están inmunizados contribuyen a reducir la transmisión en toda la comunidad. Este efecto colectivo justifica la intervención del Estado.
Sin embargo, la vacunación enfrenta diversas fallas de mercado: las personas suelen subestimar sus beneficios de largo plazo, mientras que los riesgos percibidos, la información incompleta y la influencia de discursos antivacunas distorsionan la toma de decisiones. Por ello, las políticas públicas deben articular incentivos adecuados, una educación sanitaria accesible y estrategias de comunicación basadas en evidencia. Los países que han mantenido altas coberturas, como Chile, Panamá y Costa Rica, lo han logrado mediante campañas sostenidas, descentralizadas y con fuerte participación comunitaria.
Conclusiones y recomendaciones
La caída en la cobertura de vacunación en México no es solo un desafío sanitario, sino también económico y social. Sus consecuencias se reflejan en el aumento de los costos hospitalarios, en la pérdida de productividad y en el deterioro del bienestar de la población, pero especialmente de la niñez. Revertir esta tendencia requiere recuperar las buenas prácticas y ejemplos de éxito del pasado.
La política de cobertura universal en vacunación requiere un enfoque intersectorial que vincule salud, educación y economía. La vacunación debe ser entendida como un componente central del desarrollo: invertir en salud preventiva es invertir en productividad, equidad y crecimiento sostenible.
El pasado 10 de noviembre el director de la Organización Panamericana de la Salud (PAHO) que, debido a la transmisión sostenida del virus del sarampión durante más de 12 meses en Canadá, la región ha perdido su certificación colectiva de estar libre de la enfermedad. Explicó que cuando tenemos un sólo país que ha perdido esta categoría, toda la región resulta afectada. En consecuencia, la Región de las Américas ha perdido su certificación como libre de transmisión endémica de sarampión.
Para poner en perspectiva esta situación: en el boletín más reciente de ese mismo organismo sobre la situación del sarampión en las américas, se reporta que a lo largo del 2025 y hasta 9 de septiembre se habían confirmado 11,313 casos con 23 defunciones. El país más afectado (en términos absolutos) es precisamente Canadá con 4,849 casos y una defunción, seguido de México con 4,553 casos y 19 defunciones. Del total de casos, 71% no estaba vacunado. El mismo organismo reporta que Canadá sostuvo coberturas de vacunación con segunda dosis para esta enfermedad de 79% durante el periodo 2022-2024. En el caso de México, la misma fuente reporta 82%, 74% y 69%, respectivamente.
La falta de vacunación implica una pérdida sustancial de años de vida en todo el mundo. Aunque las vacunas han evitado más de 154 millones de muertes en los últimos 50 años, equivalentes a miles de millones de años de vida ganados. Cada año, entre 2 y 3 millones de muertes, principalmente infantiles, se previenen gracias a la inmunización. Brotes de sarampión, tosferina y otras enfermedades en poblaciones no vacunadas muestran que la caída en la cobertura amenaza décadas de progreso y provoca una pérdida significativa de vida potencial y productiva.