El pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen a la minuta del Senado donde se elevaron las sanciones por el delito de extorsión, cuya conducta fue avalada primero en San Lázaro con una pena más laxa.
En lo general y en lo particular, el documento obtuvo 409 votos a favor y 33 en contra, y no ninguna reserva aprobada, por lo que fue enviado al Ejecutivo federal para su publicación en el ‘Diario Oficial de la Federación’ (DOF) y posterior entrada en vigor.
De acuerdo con las sanciones, se impondrán hasta 42 años de prisión para quienes empleen violencia física, armas, se hagan pasar por integrantes de la delincuencia organizada o afecten la economía de una comunidad o región.
De 15 hasta 25 años de prisión para la extorsión genérica.
Hasta 33 años de prisión para quienes cometan extorsión en contra de: ganaderos, campesinos, pescadores y personas dedicadas a actividades agrícolas o comerciales; para quienes utilicen el sistema financiero para recibir o mover los recursos producto de la extorsión y para quienes obliguen a fijar o alterar los precios de los productos de las víctimas.
Hasta 37 años de prisión para quien cometa extorsión contra: migrantes, personas menores de 18 años, mujeres embarazadas, personas mayores de 70 años; para quien utilice información privada en imágenes o videos y para quienes señalen tener privada de la libertad a una persona sin estarlo.
Para el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna, con la aprobación de la Ley de Extorsión se lograron endurecer de manera histórica las penas en contra de quienes cometen este delito, fortaleciendo la protección de las familias, productores y comerciantes que durante años han sido víctimas de amenazas y abusos.
“Esta ley responde a una exigencia de miles de personas que viven con miedo, que han sido amenazadas o violentadas. Hoy entregamos al Estado herramientas más firmes para protegerlas”, afirmó.
Expuso que estas medidas dignifican y protegen a productores, comerciantes y familias, quienes históricamente han sido víctimas de este delito.
Por el PVEM, Ricardo Madrid dijo que “fue atinada la modificación realizada por la cámara revisora con relación a la redacción del artículo 17, fracción V, para dejar claro que la agravante prevista en dicho artículo se refiere a la utilización de servicios de telefonía y otros sistemas de telecomunicaciones y no a los medios de comunicación dirigidos a un público amplio, ya sea masivo o segmentado.
Además, dijo en tribuna que reconoce la visión, la voluntad y el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por enviar esta iniciativa a la Cámara de Diputados, en la que se recogen diagnósticos y se inscribe en el compromiso de su gobierno con la construcción de paz y protección a las víctimas para garantizar entornos de mayor tranquilidad y seguridad en la vida cotidiana de las personas.
Enfatizó que ahora también las autoridades penitenciarias deberán impedir que las personas sentenciadas tengan acceso a teléfonos celulares y deberán implementar tecnologías que bloqueen llamadas y radiocomunicación dentro del perímetro carcelario. Blindar las prisiones no solo es un acto de disciplina institucional, sino un deber jurídico y ético para recuperar la confianza ciudadana.
