El sector de la Correduría Pública será clave este 2026 para brindar certeza jurídica a las pequeñas y medianas empresas que requieren ese respaldo a fin de crecer y consolidarse en una coyuntura donde el marco legal será de vital importancia en los próximos meses.
Paralelo a ello, los corredores públicos buscarán fortalecer su colaboración con autoridades, organismos empresariales y profesionales, además de impulsar proyectos de innovación, transformación digital y mejora regulatoria que permitan modernizar el ejercicio de la fe pública mercantil.
“El objetivo es que la Correduría Pública esté cada vez mejor preparada y más cerca de quienes la necesitan, particularmente de las pequeñas y medianas empresas que requieren certeza jurídica para crecer y consolidarse”, explicó el presidente del Consejo Directivo del Colegio Nacional de Correduría Pública Mexicana, Eduardo Manuel Ruiz Orozco Pérez.
En el marco del 33 Aniversario de la publicación de la Ley Federal de Correduría Pública, Ruiz Orozco Pérez destacó el impacto directo que esta actividad legal tiene en la vida cotidiana de las empresas.
Recalcó que la figura de los fedatarios mercantiles funge hoy más que nunca como uno de los pilares menos visibles pero más determinantes para la certeza jurídica, el desarrollo económico y la formalización de miles de negocios en México, especialmente de micro, pequeñas y medianas empresas (pymes).
En este contexto, el presidente del Colegio aseveró que también se dará seguimiento puntual a diversas iniciativas legislativas consideradas estratégicas para fortalecer la seguridad jurídica en el país entre ellas la de establecer un marco legal que reconozca la labor de las corredoras y los corredores públicos.
La propuesta de reforma a los artículos 73 y 121 de la Constitución, en materia de fe pública, fue presentada en febrero de 2025 por el senador Waldo Fernández González, la cual busca establecer un marco normativo integral que reconozca la labor de la correduría pública.
Asimismo, se mantendrán atentos a la iniciativa de reforma a la Ley Agraria, presentada en julio de 2025 por el diputado José Narro Céspedes, que plantea modificaciones a diversos artículos con impacto directo en la seguridad de los actos jurídicos relacionados con el patrimonio y la actividad productiva en el ámbito rural.
“Estas propuestas representan avances importantes hacia un orden jurídico más claro, accesible y equitativo, que proteja a las personas y fortalezca la confianza en las transacciones, especialmente en sectores que históricamente han enfrentado mayores condiciones de vulnerabilidad”, indicó.
Ruiz Orozco reiteró la disposición de la Correduría Pública para acompañar y promover nuevas iniciativas legislativas que consoliden su papel como una institución estratégica al servicio del país.
Insistió en que de cara al 2026, la Correduría Pública buscará fortalecer su presencia y cercanía con la sociedad a través de una agenda enfocada en la capacitación, la innovación y la mejora del marco jurídico.
Uno de los ejes centrales –agregó--será ampliar los programas de formación continua y la vinculación institucional.
Ruiz Orozco subrayó que este trabajo se realizará de manera coordinada con el sector público, con una visión de largo plazo.
“Seguiremos construyendo una agenda responsable y constructiva con las autoridades, enfocada en elevar el estándar del servicio que brindamos y en responder a las necesidades reales de la sociedad, con transparencia y compromiso”.