CDMX — El último adiós a un ser querido no debe ser motivo de una “ruina financiera” para los deudos ni un riesgo para la seguridad nacional, señala la diputada morenista Claudia Rivera Vivanco, quien alerta de elevados costos arbitrarios de hasta 50 mil pesos que cobran algunas agencias del sector, por lo que propone una reforma constitucional para que este servicio sea público y bajo control de gobiernos municipales.
La legisladora por Puebla señala que México se encuentra ante una ley “anacrónica”, sin una reforma a la Constitución desde 1983, y hoy se necesita una autoridad responsable y una regulación clara ante graves problemas de seguridad y salud pública, pues actualmente más del 60 por ciento de los cementerios en zonas metropolitanas están en manos de particulares sin una vigilancia estricta, expone en su propuesta.
“Esto facilita prácticas como cremaciones clandestinas o el ocultamiento de cadáveres vinculados con hechos ilícitos, al no existir la obligación de rendir cuentas periódicas sobre el número de servicios realizados”
La diputada integrante de comisiones de las Transparencia y Anticorrupción y de Hacienda, entre otras, hace énfasis en los abusos económicos y los riesgos sanitarios que imperan en el sector funerario del país, y esto hace imperativo elevar a rango de servicio público toda la cadena funeraria, permitir que los municipios fijen precios justos y supervisen normas ambientales.
“Reformar el artículo 115 de la Constitucional es para modernizar también el concepto de panteones, y elevar a rango de servicio público las actividades de velación, cremación y traslado de restos. La propuesta busca que los ayuntamientos retomen la rectoría del Estado sobre estos servicios esenciales, permitiéndoles no sólo garantizar espacios físicos para la inhumación, sino también regular de manera integral toda la cadena funeraria, fijar tabuladores de precios justos mediante títulos de concesión transparentes y asegurar que los servicios de velación y traslado cumplan con estándares dignos”, resalta la legisladora morenista.
Enfatiza que esta reforma pretende que el Estado mexicano cumpla con su deber de proteger a la ciudadanía en los momentos de mayor vulnerabilidad, garantizando “que el último adiós a un ser querido no sea motivo de ruina financiera ni de riesgo para la seguridad nacional”.
Claudia Vivanco indica que lo anacrónico de la ley ha generado un “vacío legal” aprovechado por agencias privadas para imponer tarifas excesivas, por lo que éstas han incrementado sus servicios hasta en 100 por ciento en los últimos años, con paquetes que superan los 50 mil pesos, volviendo el derecho a una despedida digna un privilegio inalcanzable para las familias mexicanas más vulnerables.
“Yo me considero municipalista; eso significa ver al municipio como un orden de gobierno con facultades y obligaciones particulares, sobre todo en materia de servicios públicos”, afirmó la diputada.
En materia ambiental, la morenista alertó sobre el impacto de las emisiones de dióxido de carbono generadas por hornos crematorios que operan sin supervisión real, convirtiendo a las normas actuales en simples “cartas de buenas intenciones” ante la ausencia de una facultad sancionadora por parte de los municipios.