Durante un informe oficial en la conferencia matutina de este 10 de febrero, autoridades de seguridad federal y Sedena revelaron que la mayoría del armamento que termina en manos del crimen organizado cruza desde Estados Unidos, incluyendo fusiles de alto poder, ametralladoras y rifles calibre .50, armas diseñadas para contextos de guerra y no para calles o colonias.
En lo que va de la actual administración, el Estado mexicano ha asegurado 18 mil armas largas y cortas, y entre el 77 y el 78 por ciento provienen de territorio estadounidense. Es decir, casi ocho de cada diez. No se trata solo de pistolas o rifles convencionales, sino de equipo con capacidad para perforar blindajes, derribar vehículos o enfrentar fuerzas de seguridad con ventaja táctica.
Las cifras presentadas por la Secretaría de la Defensa Nacional dibujan un panorama contundente. En total se han asegurado 18 mil armas, de las cuales la gran mayoría tienen origen estadounidense. Entre los decomisos destacan 215 rifles calibre .50 tipo Barrett, 13 lanzacohetes, lanzagranadas calibre 40-20 y 273 ametralladoras de distintos calibres. A ello se suman 137 mil cartuchos calibre .50 decomisados desde 2012.
Uno de los datos más delicados es que casi la mitad de esa munición, alrededor del 47 por ciento, proviene de una empresa privada que comercializa cartuchos en armerías del sur de Estados Unidos. Es decir, se trata de productos que se venden legalmente y que después terminan alimentando redes criminales en México. Esa cadena es la que hoy buscan romper las autoridades.
¿Por qué el calibre .50 es tan delicado?
Hablar del calibre .50 no es hablar de un arma común. El rifle Barrett, por ejemplo, es un fusil de gran potencia creado para uso militar. Está diseñado para disparos de larga distancia y puede perforar vehículos blindados, equipos tácticos o estructuras reforzadas. En contextos bélicos se utiliza para neutralizar objetivos estratégicos, no para delitos callejeros.
Que este tipo de armas aparezca en operativos contra el crimen organizado significa que los grupos delictivos no solo están armados, sino equipados con tecnología de guerra. Para especialistas en seguridad, esto representa un salto cualitativo en el poder de fuego de los cárteles y explica por qué muchos enfrentamientos resultan cada vez más violentos.
Los aseguramientos de cartuchos y armas de alto calibre se concentran principalmente en estados del norte y noroeste del país. Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Chihuahua encabezan la lista, mientras que Michoacán y Guerrero registran cantidades menores pero constantes.
No es coincidencia. Se trata de territorios clave para el trasiego de droga, el contrabando y las rutas fronterizas. Por estas zonas no solo pasan estupefacientes rumbo a Estados Unidos, también circula el armamento en sentido contrario. Es un intercambio ilegal que fortalece a las organizaciones criminales y complica la labor de las fuerzas de seguridad.
EU: el principal abastecedor
Ante este panorama, el gobierno mexicano analiza acciones legales contra fabricantes y comercializadores de armas en Estados Unidos. El objetivo es exigir mayor control sobre la venta y rastreo del armamento que termina cruzando la frontera de manera ilegal.
Las autoridades sostienen que muchas de estas armas se compran de forma aparentemente legal en armerías del sur estadounidense y posteriormente son revendidas o traficadas hacia México mediante redes clandestinas. La intención es que las empresas asuman parte de la responsabilidad por el impacto que su distribución tiene en la violencia del país.
Durante el informe también se aclaró un punto que suele generar dudas: el uso de armamento de mayor calibre por parte de policías estatales. La Secretaría de Defensa explicó que, bajo ciertas condiciones y autorizaciones especiales, algunas corporaciones pueden utilizar ametralladoras 7.62 y 5.56, consideradas de uso exclusivo del Ejército.
Sin embargo, los fusiles automáticos no están permitidos de forma general. Solo se autorizan versiones semiautomáticas y bajo estrictos requisitos operativos. Estados como Sinaloa, Coahuila, Tamaulipas y Chihuahua ya cuentan con permisos específicos, con el argumento de que las policías locales necesitan equipamiento suficiente para enfrentar a grupos fuertemente armados.