El subsecretario de derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, presentó la actualización y el informe de la Estrategia de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas; se trata de un trabajo conjunto de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Comisión Nacional de Búsqueda, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Agencia de Transformación Digital.
“Hablar de la desaparición de personas en nuestro país es doloroso y representa para las familias, para los mexicanos y las mexicanas una herida que requiere la atención más prioritaria del Gobierno de México, y de las y los gobernadores, las fiscalías, el Poder Legislativo y el Poder Judicial”, comentó Medina.
Para a continuación proceder a explicar que el contexto de la desaparición de personas en México es un delito que se puede separar en dos momentos históricos:
De acuerdo con los informes y los estudios de memoria histórica y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el primer momento se ubica durante lo que se conoce como la Guerra Sucia, la cual se desarrollo durante la década de los 50 a los 90 del Siglo XX. Y hace referencia a las desapariciones forzadas ordenada desde las más altas esferas del poder político y llevadas a cabo por parte del Estado.
Durante estos años, el Estado utilizó la desaparición forzada con el objetivo de reprimir a opositores, disidentes e integrantes de movimientos sociales, obreros, campesinos, magisteriales y estudiantiles, debido a su forma de pensar y por sus posturas en contra el autoritarismo.
La segunda etapa, llega en diciembre del 2006, cuando se da inicio a la guerra contra el narco. De esta manera comenzó una periodo de desaparición de personas relacionadas, principalmente, con la delincuencia organizada. Con respecto a esto, en abril de 2012 se público la Ley del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, el cual estuvo a cargo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad.
De igual manera, el subsecretario menciono el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa-Guerrero ”cuya investigación y búsqueda ha tenido distintos momentos, y dedicaremos posteriormente tiempo a informar sobre los avances".
Con motivo de las personas que desparecieron durante la Guerra Sucia, en octubre del 2021, se conformó la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico e Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos. El informe se presentó en septiembre de 2024.
Por su parte, los colectivos de familiares de personas desaparecidas, impulsaron en noviembre de 2017, la creación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda. Con la cual se tipificó la desaparición cometida por particulares.
Para poder garantizar la verdad, la justicia y la búsqueda de las personas desaparecidas y con base en metodología científicas y de análisis de datos, se realizó una revisión integral del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
A partir de los hallazgos en el Rancho Izaguirre, el año pasado, la presidenta instruyó que se fortalecerían las capacidades de la Comisión Nacional de Búsqueda y reformar las leyes de desaparecidos y de población.
Y en julio del mismo año se publicaron los decretos de reforma a estas leyes, que establecen la Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, lo que trajo consigo la obligación de abrir carpetas de investigación ante el primer reporte de desaparición.