La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C. emitió un pronunciamiento en el que fija su postura ante la reciente decisión del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada sobre la situación que enfrenta México en materia de desapariciones.
El organismo de juristas señala que el Comité, con base en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, determinó remitir el caso mexicano a la Asamblea General de las Naciones Unidas. El objetivo de esta acción es que se analicen posibles medidas que ayuden al Estado mexicano a prevenir, investigar, sancionar y erradicar este delito.
Ante este escenario, la Barra Meixana consideró que, debido a la magnitud de la crisis de desapariciones en el país, es indispensable que el gobierno mexicano atienda las recomendaciones que puedan surgir desde el ámbito internacional. Entre ellas destacan la cooperación técnica, el apoyo financiero y la asistencia especializada en áreas clave como la búsqueda de personas, el análisis forense y las investigaciones.
Asimismo, el organismo subrayó la importancia de fortalecer los mecanismos que permitan esclarecer la verdad de los casos, así como brindar apoyo y protección a las familias de las personas desaparecidas. También reconoció la labor de colectivos y defensores de derechos humanos que acompañan estas búsquedas.
En su posicionamiento. La Barra Mexicana hizo un llamado respetuoso a los Poderes de la Unión, autoridades federales y locales, así como a fiscalías y comisiones de búsqueda, para que cumplan con las recomendaciones emitidas por el Comité. Entre las principales acciones propuestas se encuentra el fortalecimiento inmediato de los mecanismos de búsqueda, tanto en vida como forense, mediante la asignación de recursos suficientes y una mejor coordinación institucional.
De igual forma, se planteó la necesidad de profesionalizar las investigaciones ministeriales y judiciales, incluyendo todas las líneas posibles, incluso aquellas que pudieran implicar la participación u omisión de servidores públicos. También se destacó la urgencia de garantizar la seguridad de familiares, peritos, activistas y defensores que participan en estas labores.
Otro punto importante es la consolidación de registros nacionales confiables y transparentes, que puedan ser consultados entre distintas instituciones como fiscalías, servicios periciales y autoridades migratorias. Además, se insistió en combatir la impunidad para que los responsables enfrenten la justicia.
La Barra Mexicana también enfatizó el derecho de las víctimas a la verdad y a la memoria, señalando que es necesario implementar mecanismos que permitan entender el contexto y las causas de las desapariciones en distintas regiones del país.
Finalmente, el organismo indicó que la respuesta del Estado no debe centrarse en desacreditar las decisiones internacionales, sino en cooperar con ellas. Señaló que aceptar el apoyo internacional no debe verse como una intromisión, sino como una oportunidad para fortalecer el Estado de derecho.
El pronunciamiento concluye con un llamado a no ignorar el dolor de miles de familias mexicanas, y a asumir el cumplimiento de estas recomendaciones como una responsabilidad urgente tanto legal como moral.