La Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del INE en San Luis Potosí, Liliana Díaz de León Zapata comparte un texto en el que describe la dinámica que ha atravesado el instituto tras la llegada de la Lcda. Guadalupe Taddei a la Presidencia del Consejo General.
La fortaleza silenciosa del INE
En los sistemas democráticos hay una forma de conducción que rara vez ocupa titulares: el silencio estratégico. No el silencio como ausencia, sino como decisión. No el silencio como evasión, sino como forma de sostener la operación sin convertir cada tensión en el foco de atención. En los últimos tres años, ese tipo de conducción ha estado presente en el Instituto Nacional Electoral.
Desde abril de 2023, cuando la Lcda. Guadalupe Taddei asumió la Presidencia del Consejo General, el Instituto entró en una etapa marcada por una alta exposición política y por desafíos inéditos en su historia reciente. No era un momento de normalidad. Era el inicio de un ciclo que implicaría organizar el proceso electoral más grande de la historia del país y, poco después, una elección judicial sin precedente.
El primer gran punto de prueba llegó en 2023. El comienzo de un proceso concurrente que implicó la renovación de la Presidencia de la República, la totalidad del Congreso de la Unión y miles de cargos locales. Más de 20 mil posiciones en disputa, un padrón cercano a los 100 millones de personas y la instalación de alrededor de 170 mil casillas en todo el territorio nacional. La magnitud, por sí sola, ya representaba un desafío. La exigencia política y el escrutinio público lo multiplicaron.
Sin embargo, el proceso y su Jornada Electoral se desarrollaron conforme a lo previsto. La ciudadanía fue protagonista en las mesas directivas de casilla recibiendo la votación de sus vecinas y vecinos y contando cada uno de los votos recibidos, los conteos rápidos ofrecieron tendencias la misma noche de la elección, el PREP operó con consistencia y los cómputos distritales confirmaron los resultados. La ciudadanía pudo conocer el desenlace sin incertidumbre prolongada. Ese tipo de certeza, que suele darse por hecho, es en realidad el resultado de una operación meticulosamente coordinada y de gran complejidad técnica y logística, que permitió además implementar por primera vez en todas las entidades federativas y en una elección federal, el voto anticipado para personas en situación de postración, así como acciones para garantizar la participación de personas en prisión preventiva, además de una ampliación de modalidades de voto en el extranjero en elecciones federales, incluso con la posibilidad del voto presencial en consulados.
Un año después, en 2025, el Instituto enfrentó un desafío de naturaleza distinta: la primera elección judicial a escala nacional, que meses después se convirtió en una elección concurrente en gran parte de las entidades federativas. Un proceso que implicó rediseñar la geografía electoral para alinearla con circuitos judiciales, crear nuevos distritos, desarrollar herramientas tecnológicas, reinventar procedimientos para que se adecuaran a las particularidades de un proceso electoral de naturaleza distinta, establecer reglas de paridad, promover la participación ciudadana con enfoque pedagógico y desplegar estrategias frente a la desinformación.
No era solo una elección más con alto grado de complejidad, era una elección que no estaba prevista en el diseño original del sistema electoral mexicano. Aun así, se instalaron decenas de miles de casillas, con la participación de cientos de miles de funcionarios y funcionarias debidamente capacitadas, y se logró concluir el cómputo de todas las elecciones judiciales antes del plazo estimado. En términos institucionales, el mensaje es claro: el INE demostró que puede adaptarse sin perder eficacia ni solidez operativa.
En paralelo, la operación cotidiana del Instituto continuó sin problemas mayores. Módulos de Atención Ciudadana funcionando en todo el país garantizando millones de trámites de credencialización, la realización de actividades en el marco de la Estrategia Nacional de Educación Cívica como la Consulta Infantil y Juvenil 2024, que alcanzó una participación de 10,703,505 niñas, niños y adolescentes, que fue histórica a nivel nacional. Se trata de acciones que no suelen ocupar el centro del debate público, pero que sostienen la relación directa con la ciudadanía del presente y del futuro.
Nada de esto implica ausencia de debate. El INE, como toda institución democrática, está sujeto a crítica, a evaluación y a exigencia permanente. Tampoco implica que no existan áreas de mejora. De hecho, el propio Instituto ha identificado retos relevantes hacia 2026 y 2027: la eventual reforma electoral, la concurrencia de procesos, la necesidad de ajustes normativos y el fortalecimiento de capacidades frente a fenómenos como la desinformación o la violencia política.
Pero hay un dato que atraviesa todo este periodo: la operación no se ha detenido. Los procesos se han llevado a cabo, los resultados se han entregado y la estructura institucional ha seguido funcionando en todo el territorio nacional.
En ese sentido, el silencio estratégico adquiere otra dimensión. No es ausencia de posicionamiento, sino una forma de conducción que privilegia el funcionamiento sobre la confrontación. Mientras el debate se intensifica en el espacio público, la institución continúa operando, cumpliendo con el mandato constitucional.
En democracia, no siempre lo más visible es lo más relevante. A veces, lo que sostiene al sistema es precisamente aquello que no hace ruido: la capacidad de organizar, de coordinar y de cumplir.
Y en los últimos tres años, esa capacidad ha estado presente, permitiendo no solo sostener, sino fortalecer la operación cotidiana del Instituto Nacional Electoral.