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La Cámara de Diputados presentó la Segunda Encuesta Mexicana de posesión, uso y opinión sobre las armas de fuego a través de un ejercicio telefónico, metodología que fue criticada por Carlos Pérez Ricart, profesor investigador del Centro de Estudios y Docencia Económicas (CIDE), quien señaló que este tipo de ejercicios están desestimados desde hace 25 años y en el que casi 90 por ciento de los consultados tiende a no decir si tiene o no un arma en su hogar, por lo que centró su participación en advertir que al año hay cerca de 60 mil sobrevivientes a las balas que son vulnerables a ser atacados nuevamente o a utilizarlas para agredir.
La encuesta 2021 –dada a conocer como parte de un trabajo acordado entre las comisiones de Seguridad Ciudadana, de Asuntos Frontera Norte y de Asuntos Frontera Sur de la Cámara de Diputados, además de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de seguridad pública y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP)– abordó nueve ciudades de la República mexicana, entre ellas la capital del país, Jalisco, Tijuana y Tampico, entre otras, arrojó, por citar un ejemplo, que entre los cinco temas en los que se buscó conocer la opinión de los ciudadanos fue la del "Uso de armas" en el que 65.1 por ciento manifestó estar en desacuerdo.
Frente a los resultados presentados, Pérez Ricart, con estudios en ciencias políticas por la Universidad de la Sorbona, en París, Francia, destacó que la encuesta 2021 no puede ser comparable con 2017.
"Es una encuesta telefónica. Se desconseja, académicamente, hacer encuestas telefónicas cuando se trata del uso de armas de fuego. No sirve. No están bien. Tienen que ser casa por casa. Nadie o casi nadie dice tener armas. La tasa de respuesta es por arriba de 90 ciento, de que la gente no respondió, y si lo hizo muy probablemente no dijo la verdad", indicó el experto.
Cuestionó la falta de colaboración con el Inegi, que en su ejercicio anual sobre victimización pudo haber incluido preguntas que se hicieron en la encuesta que se presenta, incluso el CIDE también tiene elementos para esta colaboración.
Señaló que con este instituto se hubieran podido aplicar hasta 17 mil cuestionarios, y no dos mil 400 que arrojaron los resultados que se dan a conocer este día.
Pero fue enfatizó en que la encuesta no encuentra un punto de comparación entre la que se realizó en 2017 con la de 2021.
"La de 2017 aborda seis o siete ciudades frente a las nueve o diez de 2021. Son diferentes espectros. No es comparable".
También cuestionó que en la falta de metodología hay elementos que no se aclaran, como si fue hombre o mujer quien respondió, así como la demografía de las ciudades en las que se aplicó la encuesta.
Pero sobre todo señaló que hoy es más preocupante que el tema del uso de las armas y su impacto en los habitantes es saber quiénes son los sobrevivientes a las balas.
"Tras una investigación de muchos años se sabe que son las víctimas de armas, más de 60 mil cada año, que no mueren, que reciben una bala, pero que no mueren, ellos son el grupo poblacional más vulnerable, porque seguramente son quienes van a volver a recibir un balazo o a meter un balazo".
Carlos Pérez Ricart indicó que en México se carece de información de quiénes son esas víctimas, porque los hospitales estatales, federales o privados no aportan esa información.
"Si tuviéramos esa información podríamos atender que esa gente se convierta en el grupo más vulnerable".
El experto dijo que en México no han avanzado en su aprobación más de cien iniciativas, y señaló que el Ejército mexicano no puede ser el factor límite en este panorama, cuando –indicó- en esta institución hay un monopolio en la adquisición de armas y su distribución y no se avance en una actualización de la Ley Federal de Armas vigente desde 1972.
Integrante del Sistema Nacional de Investigadores, Pérez Ricart celebró los esfuerzos conjuntos de la Cancillería mexicana, que desde los acuerdo de Tlatelolco ha sido impulsora de la producción y distribución de armas, tras el final de las guerras civiles en América Latina.
Reconoció que la Secretaría de Relaciones Exteriores pone empeño en atacar el ingreso del armamento hacia territorio mexicano proveniente del vecino país del norte. "Pero el gobierno es candil de la calle y oscuridad de su casa", porque dentro falta mucho por hacer, afirmó.
En la presentación de la encuesta estuvieron presentes también Martha Peralta, subsecretaria de Derechos Humanos de la SRE, y Pablo Monroy, consultor jurídico de la misma dependencia federal.
Delgado, quien ha trabajado con el canciller Marcelo Ebrard desde éste fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México, señaló que la Cancillería trabaja en diversos rubros sociales contra la portación de armas de fuego.
En tanto Monroy indicó que esta encuesta será uno de los elementos que se presentarán como argumentos para el litigio contra las armerías estadunidenses y su freno de venta de armamento hacia territorio mexicano.
En este contexto, Romain Le Cour, de México Evalúa, aseguró que pese a la crisis de violencia que enfrenta México, los ciudadanos no quieren armarse, de acuerdo con la encuesta, y "tira las tesis" que aseguran que los mexicanos piensan adquirir armas para su defensa.
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