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Un colectivo de ambientalistas y organizaciones defensoras de los derechos animales y humanos ha solicitado apoyo internacional para el proyecto S.O.S. Yucatán, cuyo objetivo es detener la expansión de las megagranjas porcinas que están causando graves daños a las comunidades indígenas en el sureste de México.
"Hoy alzamos la voz porque el 80% de estas megagranjas se han establecido en ejidos de comunidades mayas, contaminando agua, aire y suelo", señaló este viernes Sofía Morín, miembro legal de Mercy For Animals Latinoamérica.
Junto a varias organizaciones mexicanas, se desplazaron a Yucatán para investigar y escuchar directamente a los indígenas sobre cómo viven y cómo se sienten ante los terribles olores y la plaga de moscas que afectan sus comunidades debido a la contaminación generada por estas granjas.
La industria porcícola se instala en zonas donde la población es vulnerable, como Santa María Chi, una comunidad de Mérida, violando la autodeterminación de los pueblos, quienes nunca autorizaron la llegada de estas granjas que albergan hasta 100,000 animales, agregó Morín. La activista enfatizó que la comunidad maya de Yucatán está en alerta roja, ya que estas granjas "atentan contra el derecho humano a un ambiente sano".
Un estudio realizado el año pasado identificó 872 posibles granjas porcinas en la región, no todas de gran escala, pero los resultados de las muestras de agua tomadas por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en las comunidades cercanas revelaron niveles alarmantes de contaminación, en algunos casos hasta ocho veces superiores a lo permitido por las normas mexicanas.
Los ambientalistas también exigieron el cumplimiento del Convenio de Ramsar, un tratado intergubernamental sobre la protección de humedales de importancia internacional, especialmente aquellos que sirven de hábitat para aves acuáticas.
Sofía Morín mencionó la urgencia de que autoridades internacionales intervengan de manera objetiva y brinden asistencia a las comunidades indígenas de Yucatán, conocidas por su conocimiento en la protección de manglares y cenotes.
Morín denunció que las autoridades de Semarnat en Yucatán se negaron a recibir a los ambientalistas, quienes presentaron un documento firmado por 150 residentes de Santa María Chi, una comunidad maya que soporta día tras día la pestilencia generada por una megagranja instalada en su territorio.
"Solo nos recibieron el documento, que también incluía la firma de 10 organizaciones de protección ambiental, cuidado animal y derechos humanos, pero no hubo diálogo porque se dieron cuenta de que era una protesta", afirmó Morín.
Antes de regresar a la Ciudad de México, Morín comentó que el documento incluye 21,000 firmas digitales en apoyo a su causa. "Esperamos que el Poder Judicial haga cumplir la ley, ya que nuestras investigaciones muestran daños severos a las aguas de cenotes y al manto freático de Yucatán", añadió.
La misión de Mercy For Animals Latinoamérica es promover un sistema alimentario más compasivo y sostenible, con el objetivo de poner fin a la explotación animal. "Tenemos presencia en EU, India, Canadá, Chile y México, y ahora estamos apoyando a las comunidades de Yucatán.
En marzo pasado, sobrevolamos con drones algunas megagranjas que albergan entre 60,000 y 100,000 animales, lo que nos permitió constatar la magnitud del problema", explicó Morín.
Además, Mercy For Animals Latinoamérica ha documentado el terrible maltrato animal en estas megagranjas, donde las hembras son sometidas a condiciones extremas, confinadas en jaulas que no les permiten moverse durante meses.
Morín también denunció que los cerdos son castrados sin anestesia, y que les cortan la cola y los colmillos con prácticas terribles que son consideradas "estándar" en esa industria. Según sus cifras, en la Península de Yucatán se producen dos millones de cerdos al año, la mayoría de los cuales son exportados a Asia.
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