Una semana después de que la Corte le ordenó hacerlo, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso al Senado a Andrea Marván Saltiel como comisionada de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), por un periodo de nueve años contado a partir del 1 de marzo de 2022 y hasta el último día de febrero de 2031.
El pasado 29 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció un plazo de 30 días al Poder Ejecutivo para enviar al Senado sus candidatos para completar el pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
El máximo tribunal señaló al presidente López Obrador por haber sido omiso en enviar sus posibles aspirantes a comisionados del órgano en más de año y medio, lo que ha perjudicado al órgano autónomo.
En la actualidad, la Cofece, solo está conformada por cuatro de siete integrantes, Es decir, faltan de nombrar tres comisionados.
Este martes, el Ejecutivo envió al Senado, como propuesta a ratificar por el pleno de la Cámara Alta, el nombre de Marván Saltiel y esgrimió que “cuenta con trayectoria profesional en el sector económico, que la acredita como candidata idónea para integrar el órgano de gobierno de la Cofece’’.
López Obrador se dijo “cierto que de contar con la ratificación’’ del Senado, “por conducto del mecanismo de colaboración entre poderes y órganos constitucionales autónomos, la persona designada desempeñará tan alta encomienda de manera independiente, objetiva e imparcial, en beneficio de nuestro país’’.
La designada es Licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, cuenta con un Master of Laws por la University of Chicago, Estados Unidos de América y con un posgrado en American English for Students of Law por la Yale University, de los Estados Unidos de América.
En el ámbito profesional, actualmente y desde 2019 labora como directora ejecutiva de Staff en la Autoridad Investigadora en la Cofece.
Desempeñó diversos cargos públicos en el citado ente autónomo, entre otros los de directora general adjunta de Staff en la Autoridad Investigadora (2016-2019), directora general adjunta en la Dirección General de Investigaciones de Prácticas Monopólicas Absolutas (2015-2016) y directora de área en la Dirección General de Investigaciones de Prácticas Monopólicas Absolutas (2012-2015); laboró también como abogada en el despacho PDA Abogados, S.C., de 2009 a 2012.
Por lo que corresponde al ámbito académico, es profesora de cátedra en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Campus Santa Fe; Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM); Cámara Internacional de Comercio y Universidad Iberoamericana, y profesora adjunta en la Universidad Iberoamericana.
Es coautora de la publicación "Análisis de los incentivos y retos actuales de los Programas de Inmunidad y Clemencia en Latinoamérica", Thomson Reuters, 2019, y de "Especialización judicial y deferencia", CIDE, 2016.
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