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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó el Diagnóstico Nacional de la Situación Penitenciaria 2021, como resultado de las actividades de supervisión que llevó a cabo durante el 2021, en 250 de los 287 centros penitenciarios que operan en México.
La directora general de la Tercera Visitaduría de la CNDH, Hilda Téllez Lino, realizó la presentación formal del diagnóstico y resaltó los contenidos y los alcances de la información recabada, que actualiza el análisis de la situación que prevalece en los distintos centros penitenciarios en aspectos como las condiciones de internamiento, capacidad de alojamiento y población existente, los servicios para la atención y el mantenimiento de la salud de los internos, las medidas de supervisión interna para la seguridad, capacidad y calidad de instalaciones, condiciones materiales y de higiene, así como la implementación de políticas de reinserción.
Téllez Lino enfatizó en la trascendencia del diagnóstico más allá de las cifras y la estadística, que son indicadores valiosos para el diseño de políticas públicas, y agregó que la información recabada ha permitido emprender acciones correctivas, y se ha logrado detectar y documentar violaciones a derechos humanos que han derivado en integración de expedientes y recomendaciones emitidas por parte de la CNDH, utilizando así el diagnóstico como un instrumento para la defensa de los derechos humanos.
La CNDH informó que para este año, el diagnóstico fue programado y diseñado a partir de identificar áreas de oportunidad pendientes de abordar y señaladas en diagnósticos anteriores. Detalló que, como parte de la muestra de 250 centros penitenciarios evaluados en 2021, se seleccionaron aquellos que nunca habían sido visitados por la CNDH (75), los que en el diagnóstico emitido en 2020 resultaron evaluados con calificaciones menores a 6, así como todos los centros mixtos y todos los destinados para la población femenil, con el fin de, prioritariamente, identificar de forma exhaustiva las condiciones en las que viven las mujeres privadas de su libertad.
El informe arroja que al 31 de diciembre de 2021 había en todo el país 222 mil 369 personas privadas de la libertad, de las cuales se tuvo la oportunidad de conocer las condiciones de vida de 186 mil 238, lo que representa más del 83% del total de la población penitenciaria. Se identificó que, de toda la población distribuida en los centros verificados, 63 mil 768 personas pertenecían a uno o varios grupos de atención prioritaria, es decir, que el 34% de las personas tiene requerimientos de atención específicos.
La CNDH observó con preocupación los centros penitenciarios distritales en los estados de Hidalgo, Puebla y Zacatecas, prevalece un generalizado abandono institucional, que se refleja en las condiciones físicas de la infraestructura, en la falta de personal y deficiente capacitación del que hay disponible; en los deficientes servicios básicos, que no garantizan la calidad de vida de las personas ahí recluidas, y evidencian la falta de compromiso de las autoridades responsables de dichos establecimientos.
Respecto a los Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS), el documento arroja que los centros número 7 en Durango y 11 en Sonora obtuvieron calificaciones generales menores a 7; mientras que los centros número 15 en Chiapas, 18 en Coahuila, 14 en Durango, 1 del Altiplano, 17 de Michoacán, 13 de Oaxaca y 5 del Oriente de Veracruz, obtuvieron calificaciones menores a 8, teniendo como mejor evaluado el 16 femenil de Morelos. El diagnóstico señala como áreas de oportunidad que deben atenderse y con mayor incidencia, las relacionadas con: deficiencias en la atención a personas adultas mayores; insuficiencia de personal de seguridad y custodia; deficientes vías de remisión de quejas de probables violaciones a derechos; insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria; insuficiencia o inexistencia de actividades educativas y; deficiencias en la prestación de servicios de salud, cuya mención ocupa el primer lugar en quejas por violación de derechos.
El diagnostico evalúa que el sistema penitenciario federal tiene una calificación promedio a nivel nacional de 7.58; mientras que el sistema penitenciario estatal, alcanza un promedio general nacional de 6.20, y en el caso de las prisiones militares, su promedio general nacional es de 8.69. Sin embargo, se reiteró que no hay parámetros de competencia o criterios generalizantes para la evaluación comparativa, ya que las evaluaciones de cada establecimiento penitenciario se deben hacer en su contexto específico, por lo que se hizo un llamado a evitar comparaciones entre los sistemas penitenciarios estatales basadas en las calificaciones y evaluaciones que arroja el diagnóstico presentado.
Uno de los hallazgos más notables durante el diagnóstico es la presencia de 21 mujeres privadas de la libertad en centros penitenciarios varoniles ubicados en los estados de Chiapas, Sonora y Guerrero, debido a que en dichos centros no se cuenta con condiciones para albergar a mujeres, quienes se encuentran en condición de alto riesgo y vulnerabilidad, por lo que la CNDH hará un seguimiento con autoridades de los centros penitenciarios y las del poder judicial, en atención a estos casos.
La CNDH resaltó el caso de reclusorios femeniles en estados como Chihuahua, la Ciudad de México, y Estado de México, así como el CEFERESO 16, donde se llevan a cabo buenas prácticas para la atención de la población recluida y cuentan con instalaciones como estancias infantiles, cuneros, guarderías y juegos, y que sientan precedentes para la garantía y salvaguarda de niñas y niños que por necesidad están alojados en estos espacios.
Se hizo énfasis en que los resultados arrojan elementos para la defensa de los derechos humanos y para realizar acciones específicas y concretas, que permitan corregir las deficiencias en los establecimientos carcelarios del país, la CNDH se comprometió a redoblar esfuerzos con las autoridades, para que la publicación del diagnóstico llegue más allá de la observación y la estadística, y se traduzca en bases para acciones concretas que aseguren la defensa, salvaguarda y protección de los derechos humanos de la población que se encuentra privada de su libertad.
Consulta el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2021 aquí.
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