Política energética de México “pone en riesgo” estabilidad comercial con EU y Canadá: IMCO
De no llegar a un acuerdo sobre la política energética de México y su implementación, se da paso a un panel de solución de controversias, donde hay riesgo de represalias comerciales para el país.
merma competitividad
Política energética de México, merma competitividad de la región, advierte el IMCO.
La política energética que implementa el Presidente Andrés Manuel López Obrador “pone en riesgo” la estabilidad comercial entre México y sus principales socios comerciales (Estados Unidos y Canadá) y merma la competitividad de la región de Norteamérica, alertó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
“Esta no sólo genera obstáculos para el aprovechamiento de los beneficios derivados del T-MEC, sino que pone en riesgo la estabilidad de la relación comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, al mismo tiempo que merma la competitividad de la región”, sostuvo el IMCO.
Luego de que Estados Unidos solicitó consultas con México para dialogar sobre su política energética, medida a la que ya se sumó Canadá, el organismo privado sostuvo que existe incongruencia en las leyes energéticas de parte del Estado mexicano, con sus compromisos plasmados en tratados comerciales internacionales.
Advierte que de no llegar a un acuerdo respecto al rumbo de la política energética de México y su implementación, el siguiente paso sería el establecimiento de un panel de solución de controversias, en el que el país corre el riesgo de enfrentar represalias comerciales.
¿Qué violaciones se hacen al T-MEC?
En su análisis sobre la petición del gobierno estadounidense en materia energética, el organismo privado precisó que las violaciones al Tratado, según señaladas por la Representación de Comercio de Estados Unidos (USTR), se centran en el trato nacional y acceso a mercados del T-MEC, que determina que los países deben otorgar trato nacional a las mercancías de los otros países miembros.
“El gobierno estadounidense reclama que la política energética de la actual administración, desplegada a partir de 2019, viola las disciplinas a las que el Estado mexicano se comprometió en el T-MEC, particularmente en capítulos como acceso a mercado, inversión y empresas propiedad del Estado”, expone.
El IMCO detalla que entre las violaciones al T-MEC que le reclaman sus socios comerciales están el trato nacional y acceso a mercados (2.3 y 2.11), que determina que los países deben otorgar trato nacional a las mercancías de los otros países miembros.
En materia de inversión, acusa que el gobierno mexicano veta cambios a la regulación de magnitud suficiente para interferir con las expectativas originalmente proporcionadas a inversionistas.
Otro punto es el relativo a las empresas propiedad del Estado, pues el T-Mec decreta que las empresas propiedad del Estado deberán otorgar un trato no menos favorable a empresas privadas nacionales o extranjeras, cosa que no es así en este gobierno donde se prioriza a la CFE y Pemex.
El IMCO detala que la petición de consultas detona un proceso que tiene una duración máxima de 75 días para solucionar el asunto, en el que las consultas se deberán celebrar a más tardar 30 días después de la solicitud formal.
Si en el periodo de consultas no se alcanza un acuerdo, se podrá solicitar un panel de solución de controversias.
El panel estaría integrado por tres o cinco panelistas elegidos a partir de una lista preaprobada por los tres países miembros del Tratado.
Una vez definidos los integrantes, el panel tendrá un plazo de 150 días para emitir un reporte inicial y después 30 días para presentar el reporte final, dependiendo del cual los países acordarán una solución a la controversia.
Durante el proceso de solución de la controversia energética, la Secretaría de Economía será la encargada de coordinar la defensa del Estado mexicano.
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