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El proceso electoral 2024, de manera ilegal, ya arrancó, advierte Lorenzo Córdova

El consejero presidente del INE dijo que se acudirá ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para presentar controversias constitucionales por el llamado Plan B de la reforma electoral

retroceso democrático

El consejero presidente del INE Lorenzo Córdova

El consejero presidente del INE Lorenzo Córdova

Cuartoscuro

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, advirtió que de manera ilegal el proceso electoral para la sucesión presidencial 2024 ya arrancó, por lo que cuestionó: “¿De verdad vamos a cambiar las reglas del juego?”

Córdova Vianello, quien en abril próximo concluye su cargo al frente del INE, señaló que la prudencia debería conducir a no permitir el cambio de las reglas del juego en los procesos electorales, así lo expresó al impartir la conferencia inaugural del seminario “Los estados en 2022, la nueva distribución partidista”, en el marco de la Cátedra Francisco I. Madero.

El consejero presidente del órgano electoral expresó que actualmente se habla de “corcholatas, de pasarelas, de quienes ya aspiran a ser nominados a la candidatura presidencial… En todos los partidos la efervescencia de la elección presidencial ya llegó, incluso los actos de proselitismo, ilegal, ya están en curso. ¿De veras vamos a cambiar las reglas del juego, cuando, aunque sea ilegalmente, ya arrancó el mismo? La prudencia nos llevaría a decir que no”.

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Y advirtió que las reformas electorales que se metieron al llamado Plan B de la frustrada reforma constitucional que envió el jefe del Ejecutivo al Congreso de la Unión ponen en riesgo el voto de los ciudadanos y la confianza, la certeza, en la organización de las elecciones que desde hace 30 años no se tenían. Citó como ejemplo, principalmente, el desmantelamiento de la estructura del INE y, en consecuencia, sus capacidades operativas.

“El llamado Plan B de la reforma electoral implica cambios a seis ordenamientos legales: la Ley General de Sistemas de Partidos Políticos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley General de Sistemas de Impugnación, la Ley de Comunicación Social y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que representan una constelación de inconstitucionalidades.

El consejero presidente hizo énfasis en la preocupación en que el gobierno se inmiscuya nuevamente en la organización de las elecciones de México en el que participen los mexicanos que radican en el exterior.

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“Se vuelve a meter al gobierno en la organización de las elecciones, ya que la lista de electores mexicanos en el extranjero tiene que pasar por el visto bueno de la Secretaría de Relaciones Exteriores que es una institución del gobierno federal. La ley dice que la Secretaría de Relaciones Exteriores va a validar el listado de los que pueden votar en las elecciones federales y locales desde el extranjero y además permite que esos votantes lo hagan aun sin tener credencial para votar con fotografía, es decir, sin estar en el Padrón Electoral, bastará que enseñen el pasaporte y la matrícula consular, que son documentos que expide la Secretaría de Relaciones Exteriores”, advirtió el funcionario.

También señaló que en materia de propaganda gubernamental, las modificaciones aprobadas distorsionan las reglas de equidad en la competencia ya que “cualquier funcionario público podrá legítimamente, desde su ejercicio como servidor público, interferir en los procesos electorales, criticar a los candidatos, a los partidos y apoyarlos”.

El consejero presidente dijo que la evolución de más de 30 años del sistema electoral, a partir de reformas electorales, han permitido realizar elecciones con un índice de alternancia superior al 60 por ciento, cero conflictos postelectorales, garantizar el derecho a la identidad, un Padrón Electoral confiable y una autoridad electoral con un índice de confianza superior al 75 % y, a partir de ello, insistió, no era necesaria una reforma electoral.

“¿De verdad vamos a cambiar las reglas del juego, cuando, aunque sea ilegalmente el proceso electoral fácticamente ya arrancó? La prudencia nos llevaría a decir que no”.

Por ello, Córdova Vianello dijo que ante el cúmulo de inconstitucionalidades el INE acudirá ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para presentar controversias constitucionales, tanto por las dos leyes, la de Comunicación Social y la de Responsabilidades que ya están vigentes, así como del paquete de cuatro leyes que seguramente serán publicadas en febrero próximo.

Para el coordinador de la Cátedra Francisco I. Madero, Fernando Castañeda Sabido, poner en marcha esta reforma, previo a las elecciones 2024, es preocupante: “Si no va a haber certidumbre, lo que nos espera es un horror, porque una parte de la población no va a creer en esa elección y no la va a legitimar. Y si alguien cree que en el siglo XXI se puede legitimar por el destino histórico de quién sabe qué subjetividad, pues no entiende nada de lo que está pasando”.