Ayer la Suprema Corte publicó en el Diario Oficial un acuerdo para iniciar el trámite de renovación este año de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), compuesta por 7 magistrados.
Se trata de un procedimiento de entidad superlativa. La Sala es el órgano terminal de las controversias electorales y en su seno se decidirán los litigios que en la materia se presenten con motivo de las elecciones presidenciales de 2018 y de la de jefe de Gobierno de la Ciudad de México, entre otras que se realizarán en julio de ese año.
Según el procedimiento dispuesto, el trámite abarca dos etapas. La primera es la que resuelve el propio órgano superior del Poder Judicial federal y que convencionalmente se puede denominar fase técnica, pues en ésta los aspirantes deben acreditar mediante varios mecanismos su pericia y solvencia en derecho electoral en general y procesal electoral en especial. Deben presentar diversos documentos probatorios, un ensayo y posteriormente comparecer aunque sea brevemente ante los ministros.
La segunda etapa se podría denominar política, pues su sustanciación y desahogo está a cargo del Senado de la República en general, que recibirá de la Corte, a finales de septiembre o principios de octubre, siete ternas de aspirantes calificados aprobatoriamente, una por cada asiento disponible en la Sala Superior.
De acuerdo a la normativa aplicable, el Senado llamará a los y las integrantes de las ternas y mediante una entrevista, quizá ante la Comisión de Justicia, realizará nueva clasificación de aspirantes para elevar al pleno los nombres de los y las que resulten con perfil adecuado y cumplimiento de requisitos.
En esta fase entrarán en funcionamiento las fuerzas políticas parlamentarias y entre éstas negociarán, como de manera natural y en ejercicio de sus atribuciones constitucionales deberán hacerlo, para arribar a consensos que permitan alcanzar las mayorías dispuestas en la Constitución y realizar, a más tardar el último día de octubre, los nombramientos respectivos en favor de los y las aspirantes con las credenciales jurídicas, académicas y éticas más sólidas.
Por disposición legal, los términos de gestión de los que resulten designados serán escalonados, de tal manera que 2 magistrados serán nombrados por un periodo de 3 años; otros 2 magistrados por 6 años y 3 más por 9 años.
Sin ingenuidades, conociendo la potencia parlamentaria de los partidos y con la equidad de género al frente, hay que calcular escenarios probables de distribución de asientos, anticipando una posible conformación del órgano jurisdiccional electoral supremo. Es muy probable que así quede: 3 magistrados propuestos por el PRI, 2 por el PAN y 2 por el PRD. En un desglose ulterior podría aventurar además que habrá 4 magistrados y 3 magistradas (una por cada partido).
En entrega posterior comentaré sobre lo que podría ser una óptima articulación de perfiles que bien podría facilitar la toma de decisiones desde el punto de vista de una mejor administración de justicia electoral, generando la esperanza de un justo medio entre el mero letrismo y los excesos y ocurrencias interpretativos.
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