Actual candidata a diputada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Lidia García Anaya dejó durante su gestión como dirigente del Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (SPAUAEH), un faltante de más de 21 millones de pesos, así como un manejó discrecional de más de 135 millones, destinados para la compra de “artículos de consumo” para los sindicalizados.
El informe de las finanzas del 2018 del SPAUAEH revela que de 2018 a 2020, Lidia García tenía que entregar al sindicato 11 millones 322 mil 976 mensuales para la adquisición de artículos de consumo, sin especificar cuáles eran esos artículos ni cómo deberían distribuirse entre los agremiados.
No obstante, según reportes de diversos medios locales, durante ese periodo sólo se entregaron dos batas de laboratorio anuales al personal de áreas científicas, por los más de 135 millones de pesos que recibe el sindicato anualmente para este concepto.
Los reportes señalan trasferencias por apenas 9 millones de pesos, por lo que existe un faltante de casi 2 millones mensuales, que durante 2018 sumaron un daño a las arcas sindicales de 21 millones de pesos.
De acuerdo con la información, Lidia García Anaya y su sucesor, Octavio Castillo Acosta, buscaron encubrir el uso discrecional de los “artículos de consumo” al agregar el concepto de vales de despensa, a pesar de que es una prestación distinta a la establecida en este rubro, el cual asciende a un máximo de 967 pesos por académico, por lo que el monto erogado por esta prestación es de tan solo 25 millones de pesos de los más de 135 millones que recibieron los dirigentes del SPAUAEH.
De acuerdo con la información, esta irregularidad determinó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueara las cuentas bancarias de la UAEH, las cuales se encuentran bajo investigación por el presunto desvío de recursos y lavado de dinero.
Cabe recordar que actualmente el ex presidente del Patronato Universitario de la UAEH, Gerardo Sosa Castelán, se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano desde el 31 de agosto de 2020, acusado por los delitos de delincuencia organizada, peculado, lavado de dinero, defraudación fiscal, enriquecimiento ilícito y actividades presuntamente ilícitas de corrupción, incluidas casos de conflicto de interés y venta de hidrocarburos.
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