El miércoles pasado, el Consejo General el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los dictámenes sobre ingresos y gastos de los partidos políticos del ejercicio 2015 a nivel nacional y local. Por las irregularidades cometidas por los actores políticos se impusieron sanciones por aproximadamente 402 millones de pesos.
Sin embargo, dentro de la discusión del informe del Partido Acción Nacional (PAN), seis consejeros decidieron no investigar más a fondo la relación entre la Fundación Rafael Preciado Hernández A.C. y el mencionado partido.
La Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), durante la auditoría, solicitó al PAN la documentación correspondiente a 70 millones de pesos en transacciones con la Fundación Rafael Preciado Hernández A.C. en su carácter de organización adherente al instituto político.
La información con la que cuenta la UTF, se refiere a la forma de pago del PAN y contratos y facturas de la fundación, es decir, como si la Fundación fuera un simple proveedor del partido, y de hecho, ésa fue la contestación del partido.
Cuando un partido político realiza operaciones con una organización adherente, se debe entregar la contabilidad (balanza de comprobación, catálogos auxiliares, etc.) de dicha organización, de forma que haya transparencia sobre la utilización de los recursos que fueron transferidos. Por ejemplo, si el servicio fue un curso de capacitación, la contabilidad de la organización nos indicaría cuánto se gastó en los instructores, en el servicio de café, en boletos de avión, materiales para los usuarios, y no sólo el monto total.
De los 70 millones, sabemos que se gastaron 12 millones de pesos en tres cursos de capacitación; 52.3 millones en 79 investigaciones (cada una con un costo promedio de 660 mil pesos); 3.5 millones en tareas editoriales y edición de la revista Bien Común de la Fundación y 2.6 millones en otros rubros, pero no el desglose de cada una de las 106 operaciones realizadas.
Además, el actual domicilio fiscal de la Fundación —Ángel Urraza número 812 en la colonia Del Valle— se encuentra listado en el activo fijo del PAN, es decir, es un inmueble propiedad del partido que le fue prestado a la fundación.
La fundación nació en 1993 de manos de militantes del PAN y sus estatutos señalan que “la asociación llevará a cabo las tareas, funciones y estudios de la Secretaría de Estudios del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional”. En el mismo sentido, su escritura pública señala que el presidente del Consejo Directivo de la fundación siempre será el presidente del PAN, así que actualmente esta función la desempeña Ricardo Anaya. E incluso, la visión de la fundación es “Ser una Institución de prestigio e influencia en la Agenda Política… capacitado para dotar de discurso a Acción Nacional”.
La toma de decisiones en el PAN como en la fundación, está encabezada por la misma persona, al menos eso se llama conflicto de interés, además de que se transfieren en especie recursos del PAN a la fundación por el préstamo del inmueble.
Aun con toda esta información, con mayoría simple, se decidió que la Fundación es un proveedor más del PAN y únicamente se investigará lo relacionado con el edificio prestado.
Esta decisión abre un gran boquete en el sistema de rendición de cuentas de los partidos políticos, un organismo creado por y para el PAN se convierte en una caja oscura financiada por recursos públicos. A lo mejor todo está en orden, sin embargo, al no investigarlo, se validan estas actividades y la duda sobre los recursos, persistirá.
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