El ministro presidente Arturo Zaldívar sostuvo que esa modificación legislativa era un “gran fraude” postelectoral. Dicha reforma también—de acuerdo con Zaldivar—representa un “ilícito constitucional atípico”, fraguado a través de un “efecto corruptor” que manipuló la Constitución federal y los principios de la democracia.
Por su parte, los ministros Norma Piña y Alfredo Gutiérrez afirmaron que la reforma realizada por el Congreso de Baja California y defendida por Jaime Bonilla, traicionó el espíritu de la Constitución de la República y “atacó el corazón del sistema democrático.” (El Financiero, 12/05/2020).
Hay un justificado regocijo porque el Poder Judicial demostró que—a pesar de lo que se ha hecho y querido hacer para centralizar el poder durante la presente administración—aún existe la división de poderes. Los 11 ministros mostraron espíritu de cuerpo.
Otro porrazo que se llevaron el titular de Ejecutivo y su partido fue que no “transitó” en la Comisión Permanente el intento de hacerle adiciones a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para dejarle las manos libres al Presidente: poner y quitar dinero de las partidas presupuestales según su voluntad. Vale decir, se intentó otorgarle “superpoderes” al primer mandatario para que dispusiese discrecionalmente de los recursos públicos. Tomaron como pretexto tanto la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus como la crisis económica a la que ha dado lugar. No obstante, esta facultad es exclusiva de la Cámara de Diputados según lo dispone la fracción IV del artículo 74 de nuestra Carta Magna. Este ordenamiento está inspirado en el principio de los pesos y contrapesos, de la separación y equilibrio de poderes, propio de la doctrina liberal-democrática.
Afortunadamente, el “Bloque de Contención” opositor en la Comisión Permanente se mantuvo unido (PAN, PRI, PRD y MC). Si uno solo de los 13 legisladores que formaron ese Bloque hubiese desertado o se hubiese ausentado, la intentona de diezmar la división de poderes hubiese logrado su objetivo.
Los legisladores morenistas optaron por retirarse, aduciendo que el Subsecretario de Salud advirtió que los primeros días de mayo serían los más peligrosos para contagiarse de Covid-19. Muy obedientes, se guarecieron en sus casas.
Otro contrapeso se ha hecho presente: el de los gobernadores que han alzado la voz para pedir un reparto más justo de los recursos públicos: de cada peso que se recauda, 80 centavos se quedan en la Federación, 15 centavos van a los estados y cinco centavos a los municipios.
El problema ha salido a relucir en estos momentos porque las entidades de la república y, en especial, sus servicios de salud han sufrido desabasto; los estados han sido ignorados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Por increíble que parezca, el Presidente de la República se ha negado a reunirse con los mandatarios estatales; ha enviado a miembros de su gabinete a hablar con ellos. El resultado es que se ha formado un grupo disidente que además de reprochar la falta de recursos y ayuda para enfrentar la pandemia, también se rehúsa a aceptar el centralismo que, “el hombre de Macuspana”, ha impuesto desde el día en que llegó a la Presidencia: nombró a superdelegados, dizque para hacer más eficiente la operación de las antiguas delegaciones federales. Por cierto, ¿alguien sabe dónde andan; qué hacen esos superdelegados?
Pero debemos ser realistas: los reveses sufridos recientemente por AMLO y Morena no van a detener los intentos del populismo autoritario por socavar nuestro sistema de gobierno.
Coincido con Federico Reyes Heroles (“Resistencia”, Excelsior, 12/05/2020): “Querían hacerlo y muy rápido. Las lesiones institucionales son graves. Pero la intención de borrar la República e imponer la difusa Cuarta Transformación ya falló. Ni hay ni habrá 4T. Hay, eso sí, una República zarandeada desde el poder.” Siguiendo este orden de ideas, yo diría que la república federal se distingue por la fórmula “tres de tres”; vale decir, tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal.
Además, la república: 1) no gira en torno a la voluntad de una persona; se origina en la voluntad ciudadana; 2) tampoco prevalece el capricho individual, sino la norma jurídica; 3) en ella impera la división y equilibrio de poderes; 4) en ese régimen los cargos son rotativos y se establecen períodos fijos de duración; 5) si se trata de una república federal los estados han de moderar el poder del centro.
Immanuel Kant en La paz perpetua (México, Akal, 1998, p. 20) escribió que la diferencia entre la república y el despotismo radica en que en la primera existe la división de poderes y la supremacía de la ley; el segundo es la imposición arbitraria de la voluntad del autócrata.
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