El gobierno de Chihuahua, que encabeza el panista Javier Corral, presentará en breve una controversia constitucional ante la suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por la falta de entrega de 700 millones de pesos por parte de la Secretaría de Hacienda a dicha entidad, como represalia por las denuncias y consignaciones que ha hecho, derivadas del presunto desvío de recursos en favor del PRI.
Se trata de que el máximo Tribunal del país analice el uso del presupuesto público “como mecanismo de control” por parte del gobierno federal hacia los estados, o como medida para impedir que éstos combatan la corrupción política, señaló el mandatario estatal.
En diversas entrevistas con medios de información, el gobernador Corral amplió su denuncia pública respecto al castigo económico que impuso el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto a Chihuahua, en respuesta a la investigación de la red de corrupción política que con el exgobernador César Duarte alcanzó niveles nacionales.
Detalló que en total son 780 millones de pesos los que no han sido transferidos de la Secretaría de Hacienda a Chihuahua, pese a estar convenidos, desde el 14 de diciembre de 2016, con el monto mayor por 700 millones, a un fondo de saneamiento financiero que sólo ha carecido de disponibilidad para esta entidad.
“Puedo ya anunciar en este momento que vamos a interponer una controversia constitucional en contra de esta discrecionalidad de la Secretaría de Hacienda para incumplir unilateralmente un contrato, un convenio con una entidad federativa, porque es muy grave lo que está sucediendo; ellos no pueden unilateralmente decir ‘no cumplo’”, adelantó.
Corral Jurado sostuvo que ejercerá acciones legales y le toma la palabra al presidente Enrique Peña Nieto, quien ante la denuncia pública respondió que, en todo caso, “el gobernador de Chihuahua debería acudir ante las instancias correspondientes”.
Agregó que el incumplimiento de la Secretaría de Hacienda en los cuatro convenios firmados, merma las capacidades, competencias y facultades del gobierno del estado para la consecución de sus objetivos y el cumplimiento de su tarea constitucional”.
Resaltó que en el tema de la controversia constitucional se dará paso a un asunto todavía más importante:
“No solamente este mecanismo de control político que usa la Secretaría de Hacienda a través de una discrecionalidad, como ésta de cumplir o no un convenio para tratar de controlar políticamente a los gobernadores, sino como un instrumento muy delicado que se puede convertir ésta discrecionalidad de cumplimiento o no para impedir el ejercicio de combate a la corrupción política en un estado”, subrayó.
“Esto es, que desde esta posición de ‘no te deposito, no te cumplo y hazle como quieras’ se impida que un estado de la República ejerza las facultades constitucionales y legales en el combate a la corrupción y a la impunidad, que está en el fondo de la posición del Secretario de Hacienda en este incumplimiento”.
Finalmente, el gobernador Corral, a pregunta expresa, subrayó que una acción así no se realiza sin la autorización del Presidente de la República”.
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