A cinco días de que concluya el periodo ordinario de sesiones, el presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado el nombramiento de 18 magistrados especializados en materia de combate a la corrupción que tienen que ser ratificados por los legisladores.
Las 18 propuestas —tres para la sala superior y 15 para las especializadas— deberán ser valoradas por la Cámara alta y, en su caso, ratificadas por mayoría calificada, es decir, por las dos terceras partes de los legisladores presentes en el pleno.
El Ejecutivo debía enviar las propuestas en el periodo ordinario de sesiones anterior a la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción, programada para el 19 de julio.
Los magistrados serán los responsables de procesar los casos de faltas administrativas graves en materia de corrupción que involucren a funcionarios y particulares.
Entre los 15 aspirantes a magistrados para integrar las cinco Salas Especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa figuran: Verónica Aguilera Orta como candidata a fiscal anticorrupción, Ana Yadira Alarcón Márquez (es panista y fue diputada suplente de Margarita Saldaña durante la LXII Legislatura).
Carlos Antonio Alpízar Salazar es cercano al gobenador Eruviel Ávila, Miguel Guillermo Aragón Lagunas salió de PGR en la administración de Arturo Chávez, y Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, cercano a Rodrigo Medina, ex gobernador de Nuevo León.
Las propuestas de ciudadanos para fungir como magistrados integrantes de la Tercera Sección de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, son Álvaro Castro Estrada, Jesús Rojas Ibáñez y María Zaragoza Sigler.
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