En el ciclo escolar 2018-2019, El Poder del Consumidor (EPC) y la Red por Derechos de la Infancia en México (Redim) recibieron cuatro mil 748 reportes, provenientes de cuatro mil 126 escuelas públicas y privadas del país, de venta de comida y bebida chatarra. De acuerdo con el más reciente reporte del programa “Mi escuela saludable”, el ambiente obesiogénico en las escuelas permanece aún y hacen inválidos los lineamientos de la Secretaria de Educación Pública (SEP) para mejorar la salud y nutrición en las escuelas.
A través de la plataforma web, “Mi escuela saludable”, el reporte señala la presencia de refrescos en el 74 por ciento de los casos, venta de comida chatarra en el 98 por ciento y el 75 por ciento aún no cuenta con oferta suficiente de fruta ni verdura. El 94 por ciento de los reportes revela la ausencia de la figura del Comité de Establecimientos de Consumo Escolar, que de acuerdo a los Lineamientos que regulan la oferta de alimentos y bebidas en las escuelas tiene diversas atribuciones esenciales para el adecuado funcionamiento de esta medida.
De acuerdo con las organizaciones, en alrededor de 43 por ciento de las escuelas existe presencia de bebederos, aunque muchos de ellos sin funcionar. “Otra de las preocupaciones manifestadas por la comunidad escolar es el uso de cooperativas escolares como negocio que beneficia los intereses económicos de unas pocas personas en perjuicio de la salud de las y los escolares. Dentro de las demandas de la población están que las autoridades visiten las escuelas y sancionen a los responsables de la venta de comida chatarra”.
Los datos son alarmantes, señalan las organizaciones, tomando en cuenta que en México uno de cada tres niños padece obesidad o sobrepeso, como confirma la más reciente Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016. Sin embargo, esa prevalencia aumenta a 50 por ciento cuando concluyen la educación primaria y, de no hacer nada, uno de cada dos infantes nacido a partir del 2010 desarrollará diabetes, estiman.
“El Estado tiene la obligación de cumplir con la regulación de alimento y bebidas en las escuelas, lo cual contribuirá a garantizar el derecho a la salud y a la alimentación, cumpliendo con lo señalado en la Ley General de Educación y la Ley General de Derechos de Niña, Niños y adolescentes, señala Sandra Mejía, responsable del área de legislación y políticas públicas de la Redim.
Los especialistas enfatizan que se debe hacer cumplir la prohibición de la publicidad de alimentos y bebidas dentro de las escuelas, de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Salud del 2015, así como lo referente al programa de reforma educativa sobre la operación de la instalación y mantenimiento de bebederos escolares, para asegurar el acceso al agua potable gratuita y de calidad.
Adicionalmente, las organizaciones recomiendan establecer una política de alimentación en entornos escolares donde se designen recursos económicos suficientes para la implementación de los Lineamientos.
“Evaluar, vigilar y sancionar el incumplimiento de los Lineamientos en las escuelas primarias e involucrar a la Secretaría de Salud en la evaluación de los resultados e impactos a la salud de la política, todas estas acciones se deben realizar sin conflicto de interés.
“Realizar campañas de capacitación y sensibilización permanentes en los que se incluyan talleres en el curriculum escolar con temas relacionados a la educación nutricional y de alimentación saludable, el derecho a la salud y el derecho a la alimentación”.
Finalmente, puntualizan el establecimiento y promoción de un sistema de compras con pequeños productores locales que garanticen la disponibilidad de alimentos regionales y de temporada en las escuelas.
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