La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, propuso al Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados ampliar la iniciativa de reforma a la Ley de Adquisiciones, que busca eliminar la simulación en los procesos competitivos en esta materia, y fortalecer la fiscalización desde la Función Pública, garantizándole su facultad de interpretación de la Ley, lo cual ocurre actualmente únicamente para la Secretaría de Hacienda.
“Tenemos que diseñar instituciones que garanticen la observancia de la ley, no sólo en éste, sino en los gobiernos que sigan, y de ahí la necesidad de que se reconozca la facultad de la Función Pública de interpretación de la norma en el ámbito de nuestras respectivas atribuciones, tal y como ocurre con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”, afirmó.
Aclaró que de ninguna forma se busca eliminar los recursos para la cultura, la ciencia o el deporte, sino que esos apoyos se ejerzan de manera transparente, honesta y con rendición de cuentas.
Sandoval Ballesteros hizo un reconocimiento a los legisladores “por comprender que no estamos aquí para atender los intereses de unos cuantos, sino para defender el interés superior de todos los mexicanos. Es un orgullo decir que este gobierno se ha caracterizado por el respaldo de las y los mexicanos”, manifestó, al señalar que la recuperación de la confianza ciudadana en la lucha contra la corrupción la han refrendado organismos internacionales totalmente imparciales como Transparencia Internacional.
Afirmó que como un primer paso “restablecimos la fiscalización con un enfoque preventivo, y en 2019 se realizaron casi 3 mil 400 actos de fiscalización, de los que derivaron más de 10 mil observaciones, lo que nos ha permitido evitar y corregir desfalcos”. Derivado de esas observaciones, manifestó que entre 2019 y 2020 se validaron recuperaciones a través de los Órganos Internos de Control por más de 2 mil millones de pesos, que fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación, lo que convierte a la Función Pública en una secretaría prácticamente autosustentable.
Afirmó asimismo, que tan sólo en el último año la Función Pública impuso más de 2 mil sanciones a servidoras y servidores públicos que, por primera vez en la historia, alcanzaron a una ex secretaria de Estado, Rosario Robles, y a un ex director general de Pemex, Emilio Lozoya. cuya sanción fue refrendada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que demuestra que en este gobierno no hay perdón ni olvido para la corrupción.
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