Opinión

La indignante historia de impunidad en el caso de los Porkys

(La Crónica de Hoy)

El calvario de Daphne Fernández comenzó en enero de 2015, cuando cuatro jóvenes abusaron sexualmente de ella. Por miedo, no dijo nada y tuvo que lidiar sola con esta situación. Eventualmente, le contó a su familia y su padre, se acercó a las familias de los involucrados para que se disculparan y se alejaran de ella, a cambio de no denunciar ante las autoridades el delito. La promesa no se respetó y Daphne, junto con su familia, ahora tuvo que enfrentarse al acoso en redes sociales sobre lo sucedido y de verse beneficiados por los repudiables sucesos que los estaban afectando.

Ante este hecho, Javier Arturo Fernández, padre de Daphne, denunció a Enrique Capitaine, Diego Cruz, Jorge Cotaita Cabrales y Gerardo Rodríguez, conocidos como Los Porkys de Costa de Oro, por haber abusado sexualmente de su hija.

Tuvo que pasar más de un año para que, como nación, nos enteráramos del caso y mientras tanto los jóvenes gozaban de la impunidad que prevalece en nuestro país, al encontrarse libres únicamente porque sus familias contaban con recursos económicos y con la protección del entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte.

En mayo de 2016, Enrique Capitaine fue detenido en el norte del país, mientras que Diego Cruz y Jorge Cotaita se encontraban prófugos. En junio del año pasado, Diego Cruz fue detenido en España y, después de seis meses, por fin esperábamos un poco de justicia, cuando en diciembre se anunció su extradición a nuestro país para enfrentar un proceso penal.

No podríamos estar más equivocados. La semana pasada el juez de distrito, Anuar González, decidió concederle un amparo a este individuo bajo el más aberrante argumento. Aun cuando se encontraban acreditados elementos para sustentar el delito de pederastia por Diego Cruz, que el artículo 182 del Código Penal de Veracruz define como “A quien, sin llegar a la cópula o a la introducción vaginal, anal u oral, abuse sexualmente de una menor, agraviando su integridad física o moral, en actos públicos o privados, aprovechándose de la ignorancia, indefensión o extrema necesidad económica o alimentaria, o de su estatus de autoridad respecto de la víctima…”¸ el juez consideró que para que haya existido abuso sexual, debía acreditarse “la intención lasciva del sujeto activo sobre el pasivo”.

No puedo imaginarme la indignación de Daphne y su familia al leer esta sentencia. En ella se describen los tocamientos en los senos y genitales de la joven y no se pone en duda siquiera que ellos hubieran sucedido. Sin embargo, el juez no pudo acreditar si Diego se encontraba excitado o si quería satisfacer su deseo sexual mientras abusaba de esta joven y por ello le fue concedido un amparo. Es como si de un plumazo se pudiera borrar el sufrimiento, dolor y humillación que vivió la joven porque no se puede saber con certeza si él disfrutó lo que estaba haciendo.

No soy abogada y entonces no puedo entender cómo esta sentencia puede ser considerada por algunas personas como correcta desde el punto de vista jurídico. Es claramente una visión machista del abuso sexual y veo en esta sentencia el atraso que aún existe en este país para defender y proteger a nuestras mujeres. Aunque el juez ha sido suspendido y el amparo puede ser apelado, sin embargo, debería ser más sencillo que la justicia para Daphne por fin llegara.

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