Oremos por la paz en Siria
Recientemente se publicó el Índice de Paz México 2016 (http://bit.ly/ÍndicePazMx2016). Es una de las series más interesantes por las intuiciones a partir de las cuales se construye y por las recomendaciones prácticas que incluye. Lamentablemente, es necesario reconocer que el Índice puede manipularse fácilmente por las mentiras de la clase política mexicana. En uno de los párrafos introductorios de su Resumen Ejecutivo se lee: “los cinco estados que mostraron mayores avances en las calificaciones del IPM en los últimos cinco años son Nayarit, Durango, Nuevo León, Chihuahua y Baja California. En el 2011, estas entidades se encontraban entre los siete estados menos pacíficos, lo que revela que las mayores mejoras se han registrado en los estados más afectados por la violencia.” En el cuerpo del análisis (p. 25), incluso, se puede leer: “Nayarit, el estado menos pacífico en 2011, ha tenido la mayor mejora en 2015, ya que pasó del lugar 32 al 19 en el último año.”
Claro está, el problema de esos párrafos y el resto de las 37 ocasiones en que el Índice de Paz México 2016 se refiere a Nayarit es que, a la luz de la intervención de las autoridades judiciales de Estados Unidos, al arrestar al ex fiscal general de ese estado, Édgar Veytia, nos enteramos de que lo que ocurría en Nayarit era, por decirlo de manera elegante, una ficción; una monumental mentira construida, por una parte, gracias a una amplia red de complicidades y, por la otra, a partir de la falsificación de las estadísticas oficiales de criminalidad.
La pregunta inevitable es: si hace dos semanas nadie se atrevía a poner en tela de duda el paraíso nayarita, ¿podemos creer en las cifras que ofrecen Durango, Nuevo León, Chihuahua, Baja California o cualquier otra entidad? La realidad es que nadie puede resolver esa pregunta. Lo que es peor, además de las revelaciones que ahora caen como una cascada interminable acerca de lo que ocurría en Nayarit, hay más evidencia de la falsificación sistemática de los datos en materia de criminalidad. Así lo ha dado a conocer México Evalúa con la publicación de uno de sus más recientes estudios (http://bit.ly/MxEvVictimasCuentan2017), que analiza las cifras reportadas por distintas administraciones de las 32 entidades de la República. En el documento Cada víctima cuenta: hacia un sistema de información delictiva confiable, México Evalúa encuentra evidencia de que los gobiernos de las 32 entidades “ajustan” las cifras oficiales de homicidios.
A pesar de ello, la información que ofrece el Índice de Paz México 2016 vale la pena conocer y difundir. Entre las más notables están sus recomendaciones para adoptar “Buenas prácticas para desarrollar todo el potencial del nuevo sistema de justicia penal en México”, que están contenidas en un apartado elaborado por Raúl Zepeda Lecuona, profesor del ITESO, y Paola Jiménez Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Jurimetría. Las recomendaciones se resumen en: mejorar la atención a víctimas y usuarios, diferenciar y focalizar la política criminal, y mejorar la capacidad de investigación de los ministerios públicos.
Sería necesario agregar otra recomendación: se requieren datos confiables, fuentes fidedignas que nos saquen de esta pesadilla en la que las designaciones arbitrarias de funcionarios en INEGI, así como el cinismo documentado por México Evalúa de un buen número de ex gobernadores nos han colocado. El costo de la guerra contra el narcotráfico ha costado miles de vidas, 18 por ciento del PIB y la tasa de homicidios es de 16.7 por cada 100,000 habitantes. Así, aumentan las probabilidades de que el populismo prenda como flama en una llanura seca.
Copyright © 2017 La Crónica de Hoy .