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Vaya en adelante que yo, quien escribo estas líneas, soy catalán y soy partidario de la secesión de Cataluña de España.
HISTORIA
Para entender la situación actual de Cataluña hay que conocer en primer lugar su historia. Si bien el territorio nunca fue estrictamente independiente, sí gozó de autonomía durante siglos. Primero, entre el Siglo IX y el XII con el condado de Barcelona, que ocupaba la mayor parte del actual territorio catalán y que convivía y pactaba con el Califato de Córdoba. Y más tarde, tras el enlace en 1150 de Ramón Berenguer IV, conde barcelonés, con Petronila de Aragón, formando parte de la Corona de Aragón.
Durante la guerra de sucesión, a inicios del Siglo XVIII, la corona aragonesa se posicionó fuertemente a favor del bando de los Austrias, que pertenecían a una tradición, típicamente europea de regímenes forales que permitían mayor autonomía de sus condados. Castilla, por su parte, se alineó con los Borbones, de una línea marcadamente absolutista. Ganaron los segundos, aniquilando la autonomía catalana tras la caída de Barcelona, el 11 de septiembre de 1714.
El nuevo régimen borbónico quiso dejar claro a Cataluña que era territorio conquistado convirtiéndola en provincia de la monarquía de Castilla y derogando sus leyes e instituciones.
IDENTIDAD
Sin embargo, el idioma y tradiciones persistieron, y hoy en día muchos catalanes, sencillamente, no se sienten españoles y no se identifican con España.
La lengua es, con diferencia, la parte más esencial y a la vez más delicada de la identidad catalana. Perseguido durante el franquismo, que lo eliminó de las escuelas y por más de 20 años lo prohibió en las esferas públicas, el catalán goza de vitalidad gracias a que de la mano de la democracia se aprobó que la educación pública en Cataluña se imparta sólo en catalán.
Sin embargo, la identidad e idioma catalanes tienen un difícil encaje en un estado español que se resiste a verse a sí mismo como un estado plurinacional y plurilingüístico.
INCOMPRENSIÓN
En realidad la Constitución de 1978 considera “patrimonio cultural” a las diferentes lenguas del estado, pero el día a día de la política demuestra lo contrario. Por ejemplo, desde 2012, la secretaría de Cultura española ofrece eBiblio, una biblioteca digital que en 2016 contaba con 92 mil títulos. Ninguno de ellos está en catalán. Tampoco en euskera o galego. Sí hay, en cambio, libros en inglés.
Este tipo de decisiones políticas generan entre los catalanoparlantes una sensación de fuerte exclusión, que se torna a su vez en un hondo sentimiento de incomprensión. El modelo de la educación exclusiva en catalán encontró luz verde en un contexto de amplia voluntad negociadora tras la dictadura, pero las décadas han mermado la generosidad política. Hace cinco años, el entonces titular de Educación, José Ignacio Wert, afirmó en el Congreso de los Diputados de Madrid que la intención de su secretaría era “españolizar a los niños catalanes”, una frase que generó un profundo disgusto y rechazo en un amplio espectro de la sociedad catalana.
El rechazo también se siente en elementos más mundanos. Cuando en 2006 el FC Barcelona incluyó por primera vez la senyera, la bandera catalana, en su uniforme, las críticas se dispararon, pese a que otros equipos como Deportivo de la Coruña o Sevilla han lucido banderas de sus regiones, o la española, sin reproche alguno.
Un año más tarde, cuando más arreciaba la tormenta de la crisis económica en España, José Antonio Monago, entonces presidente de Extremadura, la región más pobre del país, aseguró que “Cataluña pide y Extremadura paga”. Esto, porque Barcelona había solicitado un préstamo de 5 mil millones de euros al Fondo de Liquidez Autonómica creado por el gobierno español.
ECONOMÍA
Las declaraciones generaron gran indignación en el gobierno y en buena parte de la sociedad catalana, que con una población de 7.5 millones de habitantes, el 16 por ciento del total de España, aporta el 19 por ciento del PIB del país. Además, en concepto de solidaridad interterritorial, acumula, según el gobierno catalán, un déficit fiscal anual de cerca del 8 por ciento de su PIB, unos 15 mil millones de euros por curso. Madrid, usando otro modelo de cálculo, rebaja esta cifra a 10 mil millones y un 5 por ciento de déficit, según datos de 2014. Extremadura es, en cambio, la región que más dinero recibe.
La premisa de que las comunidades más ricas deben ceder ingresos a las más pobres tiene en general amplio apoyo en Cataluña. Sin embargo, existe un profundo lamento por la falta de inversiones. Un estudio hecho en 2015 por la Cámara de Comercio de Barcelona indicaba que el Estado sólo había ejecutado el 59 por ciento de las inversiones presupuestadas para Cataluña ese año, una cifra por debajo de la media del país, y que representaba algo menos del 10 por ciento del total de inversiones en toda España, casi la mitad de ese 19 por ciento que aporta al PIB estatal.
Estos desequilibrios pueden enmarcarse en la premisa de la solidaridad, y de hecho se repiten en regiones como Madrid, pero la sensación de abandono económico tiene un paradigma: la red ferroviaria. En 2015, Adif, la empresa del estado que la gestiona, contabilizó 302 incidencias sólo por retrasos de 100 o más minutos en Cataluña. Es decir, casi una por día.
Miles de personas se sienten abandonadas porque cada día llegan a trabajar tarde por culpa de los retrasos y averías constantes. De hecho, se han dado casos de empresas que han confesado a candidatos que no los pueden contratar porque saben que usarían el tren para llegar a la oficina. Una encuesta de la propia Adif indicaba en 2014 que Barcelona es la ciudad más insatisfecha con el servicio, al que da un 5.7, medio punto menos que Murcia, la segunda ciudad más insatisfecha.
El gobierno catalán ha reclamado durante años a Madrid que le ceda la gestión de la red ferroviaria, argumentando que así podrá invertir lo que considere necesario y revertir la situación. La respuesta: un rotundo no.
También ha pedido Cataluña nuevos acuerdos de financiación para mejorar su situación de déficit fiscal; en 2012 solicitó a Madrid pactar un concierto económico parecido al que tiene el País Vasco, que le permitiría recaudar sus propios impuestos. La respuesta: un rotundo no.
ACUMULACIÓN
Todos estos motivos, por separado, no tendrían fuerza suficiente para generar una corriente independentista sólida. Prueba de ello es que Madrid o las Baleares también tienen severos déficit fiscales. O que Galicia también cuenta con una identidad nacional propia. Incluso el País Vasco, con un idioma sin parientes en el mundo y que históricamente ha sufrido la misma falta de empatía que Cataluña por parte del estado, vive hoy un receso del independentismo.
Es la suma de y la sinergia entre los factores históricos, identitarios, emocionales y económicos la que ha llevado a entre el 70 y el 80 por ciento de la sociedad catalana a reclamar a Madrid acordar un referéndum para decidir su futuro. La respuesta: un rotundo no.
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