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Producir los 158 millones de libros de texto gratuito que faltan, según el cálculo del titular de la SEP, Esteban Moctezuma, con los tiempos ajustados de los que se dispone en estos momentos, para llegar a los salones de clases con el inicio del ciclo escolar 2019-2020, es decir, dentro de 3 meses y once días, supondrá un esfuerzo importante, en el que, según el dicho del presidente López Obrador, “todo el gobierno va a ayudar”. Pero producir libros de texto gratuitos era, hasta el año pasado, un procedimiento en el que se conjuntan el sector público y el privado con bastante claridad en las reglas del juego. Este año, aún no parece que haya esa definición.
El retraso en la adquisición de papel, insumo esencial, ha lastrado todo el mecanismo. En consecuencia, para entregar en tiempo, habría necesidad de “forzar la máquina”, porque entonces, la industria de las artes gráficas, las imprentas con capacidad instalada para asumir esta enorme producción entraría en el problema operativo que significa estar imprimiendo los materiales de preescolar, primaria, telesecundaria y telebachillerato al mismo tiempo que los libros de secundaria, que también van con atraso. Es una cuestión de tiempo-máquina, cuya definición aún no se ha hecho pública.
Sin embargo, en un ambiente donde los gestos simbólicos tienen mucho peso, la “mística del libro de texto gratuito”, construida desde los primeros años en que se produjeron y distribuyeron, y según la cual se llega a tiempo a todas partes, sea en camión, en lancha o a lomo de burro, las autoridades educativas se enfrentan a un reto interesante, por decir lo menos: ¿arriesgar costos en el afán de “llegar a tiempo” o decidir qué libros llegarán primero y cuáles un poco más avanzado el ciclo escolar?
Sí hay alternativas: una de ellas consiste en que la planta de producción de la Conaliteg, que se encuentra en Querétaro, produzca más del máximo de 20% del total de libros de texto, que ha venido produciendo en el pasado reciente. La planta, que en tiempos de Vicente Fox se pensó, desaparecería, sobrevivió porque con ella la Conaliteg puede establecer los precios de referencia para licitar la producción de libros. Pero aún si en la planta se diesen esos “varios turnos”, es dudoso que se pudieran producir todos o la mayoría de los 156 millones de libros faltantes.
La participación del sector privado será indispensable, aunque “entraran al quite” instituciones como los Talleres Gráficos de la Nación o algunas imprentas del gobierno federal, que no necesariamente tienen la capacidad técnica instalada para asumir una parte de la urgencia.
El otro reto, la distribución, podría dar lugar a una movilización notable e inusual: si el presidente afirma que “todo el gobierno va a ayudar”, la gran opción es un incremento del apoyo de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de la Marina Armada.
Éste no es un recurso novedoso o ajeno al libro de texto. En algunos estados de la República no es extraño que en las ceremonias de inicio de distribución, los jefes de las zonas militares sean invitados importantes. En el pasado, la Sedena aporta camiones y tropa, y la Marina embarcaciones y tripulantes. En algunas épocas, se emplearon helicópteros pertenecientes a la entonces PGR para llevar libros a la sierra del estado de Jalisco.
Pero aun cuando este apoyo aumentara, falta el último paso, que no es competencia del gobierno federal: el trabajo hormiga, ése que lleva los libros a cada una de las escuelas del país. La Conaliteg cumple depositando en los almacenes regionales. En cada entidad, hay un responsable de la distribución en el estado. Con él se vinculan las zonas escolares, y sí, ahí está la participación del pueblo: algunos padres, a veces el director o directora de la escuela, son los que ponen un camión, un auto. Se ofrecen para ir por los libros para la escuela de sus hijos. Otros a veces, cooperan para gasolina. Ese trabajo hormiga, ese último tirón, se ha realizado, en años anteriores, en esas tres semanas en las que el secretario Moctezuma calcula que se puede llegar, sólo con el reparto federal, a todo el país. Si los libros de texto gratuitos han de llegar a tiempo, será porque muchos van a correr, en las semanas que vienen, un sprint de pronóstico.
Los más afectados —acusó— serán las comunidades indígenas y alejadas a quienes llegarán aún más retrasados esos instrumentos académicos.
“Esta nueva reforma educativa está arrancando sin libros de texto, una reforma educativa donde los grandes ausentes son las niñas y niños pues los libros de texto tardarán meses en llegar a las aulas”, reprochó.
La autoridad educativa federal tiene solamente 20 millones de libros de texto gratuitos producidos, y un total de 176 millones de libros por producir.
La ineficiente administración de los recursos públicos en el actual gobierno da lugar a generar situaciones como las de las adquisiciones de los libros gratuitos, donde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tuvo que asumir esa responsabilidad y, en consecuencia, no se contará con las publicaciones con oportunidad, acusó la senadora Minerva Hernández Ramos.
“Las autoridades han informado que no habrá libros gratuitos con oportunidad, por lo que quieren hacer adjudicaciones directas, reventando una vez más la ley”, apuntó la secretaria de la Comisión de Educación Pública de la Cámara de Senadores.
Según el dicho del titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma, en un estimado de tres semanas, esos 196 millones de libros, una vez que se hayan producido, y que abarcan preescolar, primaria, secundaria, lenguas indígenas y telesecundaria, pueden llegar a tiempo a todas las escuelas del país.
Sin embargo, Vázquez Mota reviró que el tiempo no alcanzará para producir y distribuir esos libros de texto para todo el país, pues ese proceso —dijo— lleva casi un año.
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