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Al menos diez averiguaciones previas en diversos estados del país vinculan a redes de prestamistas colombianos con robos, en especial en casas-habitación.
El expediente penal 76/2015 abierto en la Fiscalía General de Oaxaca, por ejemplo, refiere la detención de dos células de colombianos arrestados mientras concretaban atracos de este tipo. En total, fueron detenidas seis personas; en ambos casos, se detalla, estaban armados “y dijeron desempeñarse también como agiotistas, pues otorgaban créditos con altos intereses en diversas colonias de la ciudad bajo el sistema gota a gota”.
Se aseguró además dinero en efectivo, proveniente del cobro de deudas y réditos.
Crónica logró verificar la vinculación de hurtos y préstamos en investigaciones desarrolladas en Procuradurías Generales de Justicia o Fiscalías de Yucatán, Michoacán, Quintana Roo, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Guanajuato, Jalisco y San Luis Potosí.
En Yucatán se pudo verificar su inclinación por zonas residenciales. En Michoacán se describió así a un grupo de asaltantes en hogares: “Se denomina la banda de los colombianos, que ya tienen varios años en el país, y ahora ya tenemos su presencia aquí en el estado”.
En Quintana Roo se relacionó desde el año pasado a estos usureros con el saqueo de apartamentos en la Supermanzana 320, una zona acomodada de Cancún.
Otras entidades donde se han registrado pillajes similares cometidos por colombianos son Hidalgo, Nuevo León, Chihuahua, Chiapas y Querétaro, aunque hasta ahora no se ha establecido su relación con el gota a gota.
Y pese a las pistas en torno al lavado de dinero, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda, a cargo de Alberto Bazbaz, se mantiene oscura… Se limita a responder: “Toda la información es reservada, no puede hacerse pública porque hay investigaciones en curso”.
“Siempre andan armados”, cuenta David Osorno, quien administra una tintorería en la colonia Puente Blanco de la delegación Iztapalapa: “Si alguien no paga o se retrasa, identifican su domicilio y lo acosan ahí, frente a la familia. Una vez dos grupos distintos se pelearon por los clientes de la franja comercial: reclamaban el territorio, se agarraron a golpes, hubo amenazas y hasta se amagaron con pistolas”.
Rosario, quien abrió un salón de belleza en las inmediaciones del Metro Tacubaya, delegación Miguel Hidalgo, cuenta: “Me retrasé con un par de pagos, cuando le comenté al colombiano que viniera después me dijo que no estaban jugando y que si no les pagaba el doble las cosas se arreglarían de otra manera. Me enseñó su pistola, y en lugar de 2 mil tuve que pagarles cuatro mil pesos”.
Cada célula del gota a gota tiene su propio territorio, cartera de clientes y mando: los jefes se conocen y en la mayoría de los casos respetan sus áreas geográficas. No se trata de un sistema improvisado, con prestadores aislados, sino parte de una estructura: cada cual con su flotilla de motocicletas, colección de armas, vehículos para el transporte de electrodomésticos despojados, recibos de cobro y cuadrillas de mensajeros o cobradores, con un salario basado en comisiones o metas cumplidas.
De acuerdo con datos de la Policía Nacional y la Fiscalía de Colombia, la mafia recluta a desempleados en aquel país para convertirlos en cobradores y llevarlos a otras naciones, entre ellas México. Los cinco colombianos ejecutados hace unos meses en Veracruz, por ejemplo, fueron enrolados en distintos momentos, pero concentrados en un mismo departamento para cubrir una zona de cobro. Antes, en su país, habían sido pizzeros, comerciantes o ruleteros.
¿Quién permite el ingreso masivo de colombianos a territorio mexicano?, ¿bajo qué modalidad? Conforme a las investigaciones realizadas en las Fiscalías estatales, entran al país como turistas y algunos con visa de residencia temporal. Tras ser arrestados, se ha develado que sus documentos de residencia están vencidos y carecen de permisos para realizar actividades remuneradas.
Sin embargo, hasta ahora el Instituto Nacional de Migración ha optado por el silencio… En casi todos los casos, el asunto culmina en deportación.
“Conlleva la ejecución de garantías prendarias ilegales, fuera de procedimientos mercantiles y civiles; se consuman embargos a la brava, en perjuicio de un sector, el de los microempresarios, ya de por sí muy vulnerable por las dificultades para hacer sus negocios rentables. El financiamiento que ofrecen estos colombianos es de muy corto plazo, sin oportunidad de transformar el dinero en utilidades”.
Los colombianos están a la mano, como los prestamistas de antaño, en cada colonia, en las inmediaciones de tianguis o mercados públicos.
“Son el banco de la gente que no tiene acceso al crédito formal”, dice Chávez.
“Si se pretende ganarle terreno a estas bandas, ¿por qué el gobierno no apoya a microempresarios para que no sean víctimas del agiotismo y para que no se siga evadiendo al fisco y lavando dinero?, ¿de qué sirven entonces los programas sociales?, ¿dónde están los financiamientos a emprendedores?”, pregunta el abogado universitario Alejandro Ponce, experto en manejo de dinero en efectivo y defensa fiscal.
Desde la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) el tema se ve con alerta…
“En este momento ya no podemos asegurar que los colombianos no estén metidos en los establecimientos de crédito exprés o tengan diferentes caras: que por un lado manden a un cuate en su moto al tianguis o a la tienda de la esquina y por otro abran negocios más o menos establecidos que ofrezcan otro tipo de préstamos”, señala su presidente Mario di Constanzo.
Y aún más: “De ahí a que estos grupos salten a ofrecer créditos por internet no falta mucho, hemos encontrado no menos de 100 empresas o anuncios que ofrecen créditos exprés y te envían el dinero a una cuenta, pero no sabemos si son personas físicas o morales”.
—¿Y cuáles son entonces las propuestas?
—Generar un mercado formal de crédito para estas personas, ofrecerles productos financieros a la medida, hay una gran tarea de Bansefi y debe apresurar el paso. También urge trabajo legislativo.
—¿Para qué?
—Para reformar la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley de Transparencia y de Ordenamiento de los Servicios Financieros, con el fin de que se prohiba dar créditos a personas que no están debidamente establecidas, sin supervisión y que incumplen las normas mínimas de transparencia y sanas prácticas.
Y las historias no cesan…
Contempla una penalidad promedio de 8 años, además es un delito sujeto a investigación por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por evasión fiscal. En el Código Penal de la Ciudad de México se establece, en el artículo 231 prisión de cuatro meses a once años a quien “valiéndose de la ignorancia o de las malas condiciones económicas de una persona, obtenga de ésta ventajas usurarias por medio de contratos o convenios en los cuales se estipulen réditos o lucros superiores a los vigentes en el sistema financiero bancario”.
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