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La violencia y amenazas generadas por los enfrentamiento entre los diferentes carteles del crimen organizado se ha recrudecido en gran parte del país y ha provocado el desplazamiento forzado de al menos 11 mil 561 personas en los primeros ocho meses de este año que tratan de huir de diversas situaciones que ponen en peligro su vida, sobre todo por la inseguridad en sus lugares de origen.
Agosto se ha convertido hasta el momento en el mes con más registro de desplazamiento interno causado por la violencia con 3 mil 462 personas donde Chihuahua , Zacatecas y sobre todo Michoacán son los estados donde se ha generado en gran medida esta terrible situación, según un monitorio de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)
En julio también se registró el desplazamiento forzado de tres mil 205 personas sobre todo por violencia y enfrentamiento entre los diferentes carteles criminales.
En su reporte “Situación de desplazamiento interno forzado en México”, esa organización destaca que en el municipio de Coalcomán, Michoacán, entre mil 200 y tres mil personas de 13 comunidades huyeron tras los enfrentamientos armados entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Cárteles Unidos, que mantienen sitiado el municipio.
También en Michoacán, en el municipio de Tepalcatepec, se reportó el desplazamiento de habitantes de al menos 10 comunidades debido a extorsiones y ataques en contra de la población.
Se trata de las localidades de Las Mesas del Terrenate, La Limonera, Los Cuchis, Los Tamarindos, Las Truchas, Las Juntas, El Colomo, Montoso, El Salatón y La Cocina.
Incluso al menos 500 docentes han solicitado su cambio de plaza en cinco municipios de Tierra Caliente debido a la violencia, que también ha generado el desplazamiento forzado de estudiantes y sus familias.
Una parte de los desplazados por la violencia en Michoacán se traslada a ciudades de la frontera norte del país, donde esperan la oportunidad de solicitar asilo en Estados Unidos en albergues que se encuentran saturados.
El documento consigna además que ante la violencia generalizada y el constante acoso de grupos del crimen organizado en la región de Tierra Caliente, habitantes de los municipios de Coalcomán y Tepalcatepec denunciaron la situación de desprotección y vulnerabilidad en la que se encuentran las personas desplazadas y comunidades de acogida pidieron la intervención de las Naciones Unidas.
En Chihuahua también se registraron dos episodios de desplazamiento. El primero ocurrió en la localidad de San Felipe de Jesús, municipio de Valle de Zaragoza, donde la violencia generalizada ocasionada por el crimen organizado provocó la huida de 50 familias.
El segundo sucedió en Baborigame y otras localidades cercanas en el municipio de Guadalupe y Calvo, donde por lo menos 20 personas indígenas tuvieron que desplazarse tras la quema de sus viviendas y el despojo de sus tierras.
En los últimos meses alrededor de 90 de las 100 familias que habitaban la localidad de Sarabia, municipio de Jerez, Zacatecas, se vieron obligadas a abandonarla debido a la violencia del crimen organizado y la ola de secuestros que azotó a la comunidad.
El reporte detalla que en Tijuana, los albergues llegaron al punto de la saturación. De acuerdo con el director municipal de Atención al Migrante, José Luis Pérez Canchola, a pesar de que siguen llegando a la ciudad desplazados por la violencia, el Centro Integrador para el Migrante, a cargo del gobierno federal, no ha sido habilitado para recibirlas.
Desde 2016, los desplazamientos internos causados por crímenes o violencia habían mostrado un descenso sostenido, de 23 mil 200 en 2016 a 7 mil 70 en 2019 pero en los últimos meses se observó un nuevo repunte derivado de la violencia criminal que se registra en varias zonas del territorio nacional.
El International Crisis Group atribuye este aumento de los desplazamientos en 2020 a que los grupos criminales se aprovecharon del caos por el COVID-19. Mientras los recursos y las autoridades se centraron en contener los efectos de la pandemia, el CJNG y sus rivales aprovecharon el vacío de seguridad para redoblar sus actividades y reclamar nuevos territorios.
Los grupos pequeños también contribuyeron a los desplazamientos. Al comienzo de la pandemia, Los Tlacos y el Cartel del Sur se enfrentaron por los cultivos de amapola y los campos de marihuana en Guerrero, y en el proceso desplazaron a 300 personas. Gran parte de la violencia en Guerrero y Michoacán tuvo que ver con las disputas territoriales que se iniciaron antes de la pandemia, pero que se mantuvieron de manera ininterrumpida en 2020.
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