La conferencia matutina del 9 de septiembre marcó un punto de inflexión en el compromiso del Estado mexicano con la justicia y los derechos humanos. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la solicitud formal de extradición a Estados Unidos de dos individuos presuntamente vinculados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, mostrando con hechos que su gobierno no permitirá que la impunidad siga siendo la norma.
El anuncio no es un gesto aislado. Es la continuidad de una política de Estado que pone en el centro la verdad, la transparencia y la reparación. La mandataria fue clara: los padres de los estudiantes han sido informados de este paso y serán acompañados en todo momento. Se trata de un acto de sensibilidad, respeto y responsabilidad que reafirma la voluntad presidencial de mantenerlos como interlocutores centrales en la búsqueda de justicia.
La decisión de solicitar la extradición demuestra la capacidad de Sheinbaum para construir puentes diplomáticos y consolidar la cooperación internacional en materia de justicia. Este tipo de procesos, complejos y delicados, requieren pruebas sólidas, rigor jurídico y voluntad política. Su conducción firme, pero respetuosa, proyecta a México como un país capaz de defender sus causas históricas sin renunciar a la legalidad ni a la soberanía.
La presidenta ha reiterado que no habrá encubrimientos ni simulaciones. Su gobierno no se refugia en discursos, sino que impulsa acciones concretas: fortalecer la investigación, respetar la ley y garantizar que quienes tengan responsabilidad rindan cuentas ante la justicia mexicana.
La extradición de los implicados enviará un mensaje contundente: en México ya no hay espacio para la impunidad, ni para pactos oscuros que protejan a criminales y corruptos. En el escenario internacional, la postura mexicana se coloca como referente en la defensa de los derechos humanos y en el combate frontal a la corrupción y a la colusión institucional.
El caso Ayotzinapa es, sin duda, una herida que marcó a todo el país. A once años de aquella noche trágica, la decisión de la presidenta representa un renovado compromiso con las víctimas y sus familias. No se trata de un expediente más, sino de un deber histórico que su administración ha asumido con plena responsabilidad.
Con acciones firmes y visión de Estado, Claudia Sheinbaum honra su palabra: no habrá olvido ni impunidad. El camino hacia la justicia para Ayotzinapa está en marcha, y México cuenta hoy con una presidenta que entiende que la verdad y la dignidad son pilares irrenunciables de la vida democrática.
Luis David Fernández Araya