La semana pasada, organizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se llevó a cabo un coloquio sobre la inminente reforma electoral. El miércoles hubo una mesa particularmente interesante, porque participaban la Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei, el ex Consejero Presidente del IFE, José Woldenberg, el experto y analista internacional, Daniel Zovatto y, se suponía, Pablo Gómez, titular de la comisión presidencial para dicha reforma.
Hubo consensos en varios puntos, pero los énfasis que puso cada ponente fueron muy diversos.
Guadalupe Taddei puso el acento en temas a los que muy pocos se oponen, como la igualdad de género, la inclusión de grupos especiales, las cuotas, la corrección política. Obvió, en cambio, asuntos más espinosos, como la sobrerrepresentación o la fiscalización a los partidos políticos.
La Consejera Taddei fue, sin embargo, enfática en tres puntos relevantes sobre los que penden amenazas. Uno es la defensa de las OPLES (los organismos locales que organizan las elecciones en los estados), como piezas esenciales del sistema en una democracia federalista. Un segundo es la defensa de la autonomía del INE y de la forma actual en la que sus miembros son escogidos. El tercero, que cualquier reforma que se apruebe debe ir en el sentido de fortalecer la democracia y generar confianza ciudadana, por lo que no deben caber improvisaciones.
Zovatto centró su intervención en una crítica a la idea populista de “abaratar la política”, ya que el gasto electoral es una inversión social. Eso incluye el propósito “absurdo” de eliminar los órganos electorales locales, así como la idea de que tener menos diputados o senadores significa un gran ahorro. Pero también -aquí su énfasis- el de reducir al mínimo el financiamiento a los partidos políticos, que al fin y al cabo son los vehículos de la democracia representativa. Evidentemente, el financiamiento público está asociado a la transparencia en la recepción y gestión de recursos. Una democracia limpia -acoto- es una en la que existe esta transparencia.
Un tema en el que hubo coincidencia con Taddei fue la necesidad de no cambiar el método de selección de los consejeros electorales, pero Zovatto fue más allá e insistió en que tampoco debe cambiar el mecanismo para seleccionar a los miembros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que no debe ser por votación popular.
Abundaré en la exposición de Woldenberg, porque toca los que, a mi juicio son los temas torales en esta discusión. El ex presidente del IFE explicó que en la reforma de 1977 se planteó con claridad lo que se quería: abrir la puerta a corrientes políticas a las que se tenía artificialmente marginadas e inyectar pluralidad a la Cámara de Diputados. Era una manera de evitar conflictos sociales y superar el desfase entre la vida política real y el mundo electoral.
Woldenberg recordó que hubo una consulta en un ambiente de pluralidad. Se garantizaba que, por lo menos, el 25 por ciento de la representación sería para corrientes minoritarias. Logró destensarse el ambiente político. Nadie tenía ya la exclusiva representación del pueblo.
Luego señaló que la reforma de 1989-90 fue para recuperar la confianza en las elecciones, tras lo sucedido en las elecciones de 1988. También aquí había un objetivo claro. Se construyó una institución, el IFE, con pesos y contrapesos y se deshizo la mayoría automática que tenía el PRI en la Comisión Federal Electoral. Se entendió que la confianza ciudadana es una construcción. Luego, en 1995-96, se avanzó al hacer que las condiciones de la competencia electoral fueran equitativas, con una reforma de consenso. Las dos palancas fueron el dinero y el uso de los medios de comunicación.
El acicate de cada reforma -recordó Woldenberg- fueron las demandas de la oposición, y todas se hicieron a través del diálogo y el consenso.
Terminó insistiendo en la representación proporcional. Que cada fuerza esté representada de acuerdo a la adhesión ciudadana en las urnas. Y agregó que la autonomía de los órganos electorales no sólo debe ser respetada: lo ideal es que sean electos por una mayoría calificada.
Valen ahora las siguientes preguntas respecto a la reforma electoral en ciernes: ¿Se está planteando con claridad lo que se quiere? ¿Se busca evitar conflictos sociales y destensar el ambiente político? ¿Se pretende eliminar desfases entre la vida política real y el mundo electoral, o se quiere hacerlos más grandes? ¿Se pretende seguir con un INE plural y ciudadano, o se quiere una nueva mayoría automática de un solo partido? ¿Se quiere aumentar la confianza en las elecciones? ¿Se pretenden campañas más equitativas, o menos? ¿Se quiere que haya equilibrio en los dineros de campaña? ¿Qué haya equidad en el acceso a los medios de comunicación? ¿Se buscarán consensos o acuerdos mínimos o se avanzará bajo la consigna de “no hay más ruta que la nuestra”?
Como se ve, son preguntas de difícil respuesta, aunque uno puede pensar que varias de las intenciones tienden hacia un retroceso severo.
Pablo Gómez, aunque estaba anunciado para participar en esa mesa, no asistió. Es difícil suponer que tenía algo más importante qué hacer ese día. Es, por lo tanto, fácil sospechar que su ausencia se debió a que prefirió rehuir un posible debate con los otros participantes. Mal signo.
Twitter: @franciscobaez