Las autoridades federales actuales han tomado la frase de “no somos represores” como norma para enfrentar todo tipo de expresión callejera de masas. El comportamiento de retroceder ante cualquier marcha, actuar con delicadeza y jamás recurrir a la violencia contra los desaguisados (por graves que sean) de los manifestantes, es perceptible en México desde que la 4T accedió al poder.
Esta forma de proceder de los gobernantes de Morena es, quizá, expresión de lo que Luis González de Alba llamaba “el síndrome de 68”, es decir, el patrón de conducta de no utilizar la fuerza ante grupos que protestan porque, en cualquier momento, esa protesta puede escalar y llegar a convertirse en una tormenta política, como ocurrió con el movimiento estudiantil de 1968.
Ese síndrome parece estar presente. Aparentemente, el Estado mexicano ha sido víctima de chantaje por organizaciones como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que recientemente lanzó esta amenaza: “La CNTE saboteará el Mundial de Futbol de 2026 si el gobierno federal no abre una mesa de negociación con ella”.
La amenaza es seria y su cumplimiento es algo viable. En numerosas ocasiones se ha visto que esta organización usa la acción ilegal –como plantones durante semanas o meses en el Zócalo--, para arrancar prebendas a las autoridades. Preocupa saber que el gobierno federal no los reprime y que, por el contrario, siempre cede ante el chantaje.
¿En qué país vivimos? ¿Por qué el Estado, que condensa la representación política y monopoliza el uso de la fuerza, se somete dócilmente ante una pandilla de pseudo-profesores que actúan como malhechores y hacen mofa de la autoridad?
Sabemos que el comportamiento de la CNTE es similar a la conducta que siguen los normalistas de Ayotzinapa que protestan por la desaparición de sus compañeros. Sus actos ilegales y escandalosos no tienen límite, su conducta excede todo, secuestran autobuses, cierra carreteras, roban casetas, atacan edificios públicos, hacen destrozos en Palacio Nacional, etc., etc. Se burlan de la ley, se burlan del Estado, se burlan de los mexicanos y todo esto ocurre impunemente. Ni la policía, ni la Guardia Nacional, ni el ejército los persiguen y los detienen.
La misma conducta destructiva se observa en el Bloque Negro de enmascarados que participa en manifestaciones rituales como la del 2 de octubre, o la de mujeres, del 8 de marzo. Se pude decir que cualquier expresión colectiva que viola la ley goza de impunidad. En todos esos casos la autoridad instruye a la policía para que no repriman y les ordenan que su papel se reduzca solo a “contener” a la multitud.
El papel tradicional de la policía --vigilar que se cumpla la ley y reprimir a los delincuentes--, se distorsiona; el policía se convierte en objeto de humillaciones, insultos, golpes, burlas, etc. sin poder responder a las ofensas que reciben porque sus superiores les han girado instrucciones precisas: “aguantar”, “nunca golpear”, “no reprimir”. Lo que queda al final es una caricatura de policía.
La explicación de este fenómeno se encuentra en el axioma que postuló el presidente Andrés Manuel López Obrador de que el gobierno de la 4T “no es represor”. Lo cual es razonable: un gobierno democrático no debe reprimir la libre manifestación, pero los casos que citamos (CNTE, Normalistas de Ayotzinapa, Bloque Negro) no son expresiones pacíficas y democráticas sino provocaciones, acciones ilegales, brutales, escandalosas, que trastornan el orden, afectan a negocios particulares y agravian a la ciudadanía en general.
Pero, atención. Que sucedan asaltos o actos violentos impunes, sin castigo, deja lecciones para la sociedad en la forma de aprendizajes concretos. Entre otros: “La desmesura en los actos políticos es tolerada por las autoridades”, “El gobierno es débil”, “La justicia está por encima de la ley”, es decir, “Si la causa que promuevo es justa, se admite utilizar cualquier medio de lucha”, “En la democracia la violencia es legítima”, etc. etc.
Las autoridades no observan la contradicción implícita en su proceder. Pretenden evitar la violencia, pero, en realidad, la promueven. Con su proceder, el Estado mexicano se auto-desprestigia, además está educando a las masas para la violencia y está empoderando y legitimando a grupos no democráticos que repudian la ley y rechazan la paz y el orden.
El campeonato mundial de futbol equivale a las Olimpiadas de 1968 (toda proporción guardada). Pero la amenaza de la CNTE informa que todos los grupos provocadores que actúan en el marco del actual gobierno ven, o verán, a ese campeonato como una oportunidad para chantajear y obtener beneficios. Esta idea debería tomarse con seriedad. Finalmente hay un nivel de la política –el de la provocación—que juega sus cartas en cualquier oportunidad que se presenta. No obstante, espero que lleguemos a la Copa Mundial sin tropezar con obstáculos mayores.