Donald Trump no llegó a Venezuela como estadista ni como diplomático, sino como un pirata moderno. La intervención militar y el secuestro de Nicolás Maduro anuncian un profundo cambio geopolítico no solo en Latinoamérica sino también en otras partes del mundo. Bajo el pretexto de combatir el narcotráfico y violando las leyes de su propio país, Trump ordenó llevar a cabo esa intromisión manifestando inmediatamente su verdadero interés por el petróleo venezolano, intentando restaurar su pasada hegemonía regional. El encarcelamiento de Maduro y de su esposa Celia Flores, marca el inicio de una época donde cualquiera podrá interpretar la normatividad internacional a su modo, agrediendo y ocupando militarmente a naciones vecinas. Es un mensaje ya recibido por China quien desea recuperar su antigua provincia de Taiwan, por Rusia que busca apropiarse de importantes regiones de Ucrania y por Israel quien pretende adueñarse ilegalmente de los territorios de Gaza y Cisjordania. Trump ha fracturado la legalidad internacional reproduciendo un viejo discurso neocolonialista e imperialista.
El teórico de la política Carl Schmitt, escribió su ensayo: El Concepto de Imperio en el Derecho Internacional, donde afirma: “son imperios aquellas potencias rectoras y propulsoras cuya idea política irradia en un espacio determinado y que excluyen por principio la intervención de otras potencias extrañas al mismo. Todo imperio tiene un ámbito espacial de gran extensión en el que su idea política irradia. La tesis trasnochada del Estado como concepto central del derecho internacional no hace honor ni a la verdad ni a la realidad. La guerra es una relación entre un orden y otro orden, y en modo alguno una relación entre un orden y un desorden”. En tal contexto, el nuevo orden mundial que anuncian las acciones de Trump encuentra fundamento en un renovado espíritu guerrerista orientado a derrocar por la fuerza a cualquier dictador, lo cual siempre es moralmente justo, pero que resulta inapropiado si se realiza al margen de derecho internacional.
Aunque es evidente que tanto la ONU como la normatividad global existente se encuentran en profunda crisis, no se puede olvidar que ese derecho internacional surgió de la Segunda Guerra Mundial no con la intención de apuntalar el nuevo orden jurídico, sino para limitar los excesos de los triunfadores del conflicto bélico. El sistema creado careció de una “autoridad superior” que garantizara reglas, democracia y soberanía. Por ello, los imperios actúan según su poder, intereses y necesidades, no según principios morales o declaraciones de organismos internacionales. Los imperios buscan imponer un modelo de soberanía no como concepto abstracto, sino como capacidad efectiva de control, orden y disuasión.
Estas acciones de Trump recuerdan a los piratas, contrabandistas y promotores de injerencias armadas del pasado. No actúa como un imperialista clásico sino como un pirata financiero. No busca transformar la actual situación económica, social y política de Venezuela sino apropiarse de sus riquezas naturales. Pretende extraer un botín y no establecer instituciones democráticas. Transcurre el tiempo y cientos de presos políticos continúan en las cárceles que existen en ese país. Trump desprecia el derecho internacional, los mecanismos multilaterales y la diplomacia. Ha sustituido al derecho por la fuerza imponiendo una narrativa estilo pirata que deslegitima al dueño, para legitimar el robo.
La modernidad política se caracteriza por un desplazamiento decisivo en las formas de eliminación del adversario. Lo que observamos en Venezuela es una modalidad de depuración política abierta, conflictiva y violenta, que progresivamente se transforma en una depuración judicial formal, legal y aparentemente neutral. Ahora Maduro será procesado penalmente. Trump ha redefinido el conflicto como un delito, transformando la lucha política en imputación judicial. De esta manera, la justicia se convierte en administración del vencedor. El enemigo no desaparece solo cambia de nombre: ya no es un adversario político ahora es un imputado judicial.