Las recientes proyecciones de la CEPAL sobre el desempeño del PIB en América Latina y El Caribe, y de manera particular en México, obligan a una lectura que se adentre en el terreno de la economía política crítica. Para el periodo 2024-2026, México presenta tasas de crecimiento de 1.4%, 0.4% y 1.3%, respectivamente, lo que arroja un promedio apenas cercano a 1% anual. Este dato, que en el discurso económico convencional podría considerarse “crecimiento”, adquiere un significado radicalmente distinto cuando se descuenta el crecimiento poblacional. En términos reales, el resultado es un estancamiento del PIB per cápita, e incluso una contracción silenciosa del ingreso medio disponible. En ese punto se revela una tensión estructural entre la narrativa oficial del bienestar generalizado y la materialidad de la economía real.
La comparación regional refuerza esta lectura. Mientras América Latina y el Caribe se mueven en un promedio cercano al 2.3% anual para el mismo periodo, México se sitúa por debajo de ese umbral. Se trata de una trayectoria de baja tracción que se ha vuelto estructural. Desde una perspectiva crítica, este comportamiento no puede explicarse únicamente por factores exógenos o por “choques” temporales, sino por un patrón de acumulación que privilegia la captura de rentas sobre la expansión de capacidades productivas. La inserción de México en las cadenas globales de valor, altamente dependiente y con escasa apropiación del excedente tecnológico, produce crecimiento estadístico sin densidad social. Se produce más, pero se apropia menos; se trabaja más, pero se vive igual o peor.
En este contexto, la noción de redistribución requiere ser problematizada. Las transferencias monetarias directas cumplen una función compensatoria indiscutible y han tenido efectos positivos en la reducción de la pobreza. Sin embargo, redistribuir realmente implica alterar las condiciones estructurales bajo las cuales se produce y se apropia el excedente, y no solo tratar de corregir ex post sus efectos más regresivos. Cuando la política social se limita a transferencias, el orden distributivo de fondo permanece intacto: salarios bajos, alta concentración de mercado, rentas oligopólicas y una fiscalidad incapaz de gravar de manera efectiva las fuentes de riqueza concentrada. Así, puede coexistir un discurso progresista con una arquitectura económica profundamente conservadora, en la que la igualdad se reduce a alivio monetario temporal.
El estancamiento del PIB per cápita tiene implicaciones políticas y filosóficas de gran calado. Cuando la economía no crece en términos reales por habitante, el conflicto distributivo se intensifica, aunque no siempre de manera visible. La promesa del bienestar deja de sostenerse en la expansión material y se convierte en una gestión simbólica de la escasez. En ese escenario, la pregunta central cómo crecer más, y a la par transformar el tipo de crecimiento y, sobre todo, quién y cómo se decide el destino del excedente social. Por ejemplo: crecer al 3% mediante actividades rentistas o extractivas puede profundizar la desigualdad; crecer al 1% con una estructura predistributiva sólida puede, paradójicamente, generar de forma eventual mayor bienestar efectivo.
Pensar una salida exige desplazar el foco desde la obsesión por la tasa de crecimiento hacia la organización social de la economía. Una primera clave es asumir que la predistribución no es una política social secundaria, sino una política macroeconómica central. Fortalecer salarios, negociación colectiva y servicios públicos universales reduce el costo de reproducción social, expande la demanda efectiva y crea condiciones para una inversión productiva menos dependiente de la precarización laboral. En economías como la mexicana, el bienestar no es un subproducto del crecimiento sino antes bien, una condición para que el crecimiento ocurra.
Una segunda clave reside en la socialización de la renta de innovación. México invierte recursos públicos en educación, infraestructura y conocimiento, pero la renta asociada a la innovación se privatiza o se fuga al exterior. Se trata de construir mecanismos mediante los cuales el riesgo socializado genere retornos sociales: participación pública en proyectos estratégicos, fondos de capital y compras gubernamentales orientadas a crear capacidades tecnológicas propias. Sin este giro, el país seguirá pagando un “tributo permanente” por tecnología importada.
Asimismo, resulta indispensable una política antimonopolio que no se limite a la retórica de la competencia, sino que ataque frontalmente las rentas improductivas que actúan como un impuesto privado sobre la economía real. La concentración en sectores estratégicos encarece insumos, desalienta la inversión productiva y comprime salarios. Reducirlos puede liberar productividad sin necesidad de grandes sacrificios fiscales.
El territorio es otro campo decisivo. La economía mexicana pierde productividad cuando la renta del suelo absorbe salario, tiempo y consumo. La captura pública de plusvalías urbanas para financiar vivienda, transporte y cuidados no es un tema urbanístico marginal, sino una condición para elevar el bienestar y la eficiencia económica. De igual forma, la transición ecológica puede convertirse en una estrategia de reindustrialización si se concibe como reconstrucción de capacidades materiales.
En última instancia, el bajo crecimiento del PIB en México no es solo un problema técnico, sino una expresión de una forma específica de poder económico. Mientras el excedente siga orientándose a la renta, la especulación y la fuga, el crecimiento seguirá siendo mediocre, en el mejor de los casos. El verdadero desafío es redefinir el desarrollo como capacidad colectiva: la capacidad de producir sin depredar, de innovar sin dependencia crónica exterior, de redistribuir no solo ingresos sino tiempo, seguridad, derechos y futuro. Sin ese giro, el 1% anual no será un piso desde el cual despegar, sino el síntoma de un estancamiento que erosiona la promesa del bienestar social integral.
Investigador del PUED-UNAM