Durante años, el combate a la violencia en México se entendió casi exclusivamente como un desafío policial. Patrullas, operativos, detenciones y despliegues territoriales fueron la respuesta inmediata frente a estructuras criminales cada vez más sofisticadas.
Sin embargo, los que nos dedicamos a la técnica financiera desde el gobierno, esta nos ha enseñado que la experiencia nacional e internacional ha demostrado una verdad incuestionable, ninguna organización criminal cae por la fuerza si su financiamiento permanece intacto.
Hoy el país enfrenta una oportunidad estratégica. Entender que la seguridad ya no puede separarse de la fiscalización, ni la inteligencia operativa desligarse de la inteligencia financiera. La guerra contra las estructuras criminales dejó de ser únicamente territorial, es sobre todo, una disputa por el control del dinero.
El crimen organizado no opera con improvisación, el crimen funciona como un sistema económico paralelo, lava recursos, infiltra sectores productivos, utiliza empresas fachada, corrompe procesos administrativos y se beneficia de vacíos de supervisión. Atacarlo únicamente desde el frente policial es dejar intacto su verdadero centro de gravedad.
Por ello, incorporar de manera estructural la fiscalización superior y la prevención del lavado de dinero en la estrategia de seguridad no es un asunto técnico, sino una decisión de Estado.
La inteligencia financiera permite algo que ninguna arma logra, seguir el rastro del dinero, identificar patrones, anticipar riesgos y desarticular redes antes de que se conviertan en violencia. Cuando el análisis financiero se cruza con la información operativa, el resultado no es reacción, sino prevención.
En este nuevo enfoque, las áreas de seguridad pública, las unidades de inteligencia financiera, las instancias de fiscalización, las fiscalías y los órganos de control no pueden operar en compartimentos aislados. La fragmentación institucional es uno de los mayores aliados del crimen. Cada dependencia que trabaja sola abre una rendija por donde fluye el dinero ilícito.
La coordinación interinstitucional ya no puede ser solo discursiva. Debe traducirse en intercambio real de información, metodologías comunes, trazabilidad jurídica y una visión compartida del riesgo. La prevención del lavado de dinero se convierte así en una herramienta de seguridad nacional, no únicamente en un requisito administrativo.
Cuando el Estado logra integrar estrategia financiera con estrategia policial, el impacto cambia radicalmente, se reducen las capacidades logísticas de los grupos criminales, se rompe su protección económica y se debilita su capacidad de corrupción institucional.
No se trata de militarizar la fiscalización ni de judicializar la administración pública. Se trata de entender que el dinero ilícito es el combustible de la violencia y que su detección temprana es una forma de proteger vidas.
La seguridad del siglo XXI no se gana solo en las calles, sino en los flujos financieros, en los contratos, en los sistemas de control, en la supervisión del gasto y en la prevención. Allí donde el dinero ilegal encuentra límites claros, la violencia pierde fuerza.
México requiere una visión integral, inteligencia, fiscalización, prevención y operación trabajando como un solo cuerpo. Solo así la lucha contra el crimen deja de ser reactiva y se convierte en una estrategia de Estado, sólida, moderna y sostenible.
Porque cuando el dinero deja de circular para el crimen, la violencia deja de tener futuro.