La Declaración de ética y buenas prácticas para el uso y desarrollo de la inteligencia artificial, presentada el 29 de enero de 2026 por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), representa un avance sustantivo y necesario en el camino hacia una regulación ética de la IA en México.
En un contexto global donde la carrera por la adopción de sistemas de inteligencia artificial avanza a ritmos acelerados, a menudo priorizando la velocidad y la escala comercial sobre la reflexión social, México opta por marcar una posición clara: la tecnología debe estar subordinada al interés público, los derechos humanos y el bienestar colectivo. La titular de la Secihti, Rosaura Ruiz Gutiérrez, lo expresó con precisión al señalar que la IA, “bien empleada, contribuye al bienestar social, al impulso del desarrollo y a la construcción de un país más justo, equitativo y sustentable”, pero también puede “reproducir y perpetuar desigualdades, generar nuevas formas de discriminación y afectar los derechos humanos” si se despliega sin salvaguardas adecuadas.
Los Principios de Chapultepec, base de esta Declaración, constituyen un decálogo lúcido y ambicioso que coloca en el centro valores democráticos y de justicia social:
1. La IA debe ampliar derechos, nunca reducirlos.
2. Toda decisión apoyada por IA debe tener responsables humanos y marcos institucionales claros.
3. Si una decisión no puede explicarse, no debe automatizarse.
4. La IA se gobierna mejor cuando se decide en colectivo.
5. La IA sólo es valiosa si genera bienestar para las personas.
6. Antes de automatizar, hay que comprender a quién y qué afecta.
7. La tecnología estratégica debe responder a las necesidades del país.
8. El desarrollo de la IA requiere fortalecer la educación y el conocimiento en el país.
9. La IA no puede ser ajena a la diversidad cultural y lingüística del país.
10. Los datos son un bien público que deben cuidarse con responsabilidad.
Estos principios no son meras declaraciones retóricas. Representan un rechazo explícito al determinismo tecnológico que asume que “lo que se puede automatizar, debe automatizarse”, y en su lugar exigen accountability humana, explicabilidad, participación colectiva y soberanía tecnológica. En particular, los puntos sobre explicabilidad, responsabilidad humana y cuidado de los datos como bien público resultan especialmente pertinentes en un país con marcadas desigualdades históricas y donde los sistemas algorítmicos mal diseñados han agravado sesgos en ámbitos como la justicia, el crédito, la educación y los servicios públicos.
La presentación de la Declaración en el Foro “La inteligencia artificial en la vida pública de México”, en el Museo Nacional de Antropología, envía un mensaje político importante: el Estado mexicano no pretende ser mero espectador ni seguidor pasivo de estándares internacionales importados, sino actor activo en la definición de un marco con sentido nacional. La participación de la senadora Susana Harp Iturribarría, presidenta de la Comisión de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación del Senado, refuerza la dimensión legislativa del esfuerzo y anticipa que este documento puede servir como insumo clave para futuras iniciativas normativas.
Sin embargo, el verdadero impacto de esta Declaración dependerá de su capacidad de traducirse en acciones concretas. Una declaración ética, por sólida que sea, corre el riesgo de quedar en papel si no se acompaña de mecanismos institucionales de supervisión y auditoría algorítmica en el sector público; inversiones serias en educación digital, formación en IA ética y fortalecimiento de capacidades técnicas nacionales; participación vinculante de la sociedad civil, academia y comunidades indígenas en la gobernanza de la IA, y; reglas claras sobre el uso de datos públicos y la prohibición de sistemas opacos en decisiones que afecten derechos fundamentales.
En suma, la Declaración de ética y buenas prácticas marca un paso firme y valioso hacia una regulación ética de la inteligencia artificial en México. No resuelve todos los desafíos -ningún documento inicial puede hacerlo- pero establece un horizonte deseable: una IA que no sea un fin en sí misma, sino un instrumento subordinado al proyecto de país más justo, inclusivo y soberano que México necesita.
Corresponde ahora al conjunto de actores administración pública, Congreso, academia, empresas y sociedad, convertir estos principios en políticas, leyes y prácticas cotidianas. El futuro de la inteligencia artificial en México se juega precisamente en esa transición del discurso ético a la acción responsable.