El exitoso operativo de las fuerzas especiales del Ejército Mexicano que terminó con la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación es un gran golpe al crimen organizado, y es también la señal más clara de que la era de “abrazos, no balazos” llegó a su fin. Los delincuentes y sicarios no recibieron regaños de sus abuelitas, sino una respuesta contundente del Estado mexicano, ayudado en esa tarea por información proveniente de Estados Unidos, con quienes se estableció un grupo de coordinación.
EL CJNG es, desde hace unos años, el grupo delincuencial más extendido y peligroso del país -más, desde la división del Cártel de Sinaloa-. Es, sin duda, el que más y mejores armas presume. Y ha sido el que con más saña ha atacado a las fuerzas del orden. Era, según los expertos, una organización vertical, que El Mencho manejaba con corazón frío y puño de hierro. Su descabezamiento deja muchas incógnitas sobre su futuro, pero en ninguno de los escenarios probables está el de un descenso rápido de los niveles de violencia. Habrá guerra sucesoria.
La primera reacción de los criminales ha sido característica. Narcobloqueos en distintas entidades, incendios de vehículos y negocios con la intención de generar miedo y la sensación de caos, así como alimentar la histeria, ayudados por la diseminación de noticias falsas en las redes sociales. Los sicarios del CJNG se cebaron en particular contra las sedes del Banco de Bienestar en lo que me parece ser un doble mensaje: se sienten traicionados por el expresidente López Obrador, creador de dicho banco, y decidieron golpear al Ejército, que lo gestiona.
Esos mensajes violentos no pueden durar mucho, y se está viendo. Lo que sigue es lo que importa. Eso dependerá de cómo el gobierno se encarga de la situación. Si no destripa al CNJG y lo arranca de raíz, vendrá una guerra interna entre los aspirantes a suceder al Mencho, con la multiplicación de episodios de violencia, hasta que alguno de ellos gane, o hasta que el cártel se pulverice en distintos grupos delincuenciales menores (lo que, a su vez, agrava los niveles de inseguridad allí donde operan).
En ese sentido, vale recordar que la lucha contra la delincuencia organizada no es en primer lugar contra individuos sino, precisamente, contra organizaciones. Contra estructuras de poder que se contraponen al Estado para crear, en el mismo territorio, uno propio, con reglas criminales. De ahí que sean necesarias dos cosas: una es continuar con el rastreo y captura de los aspirantes a capo; la otra, importantísima, es atacar sus redes financieras y logísticas, a menudo asistidas por la cooptación de autoridades locales.
Para el primer punto se ha demostrado que, a la hora de la verdad, y por mucho que los cárteles presuman de su poder de fuego en las redes sociales, poco pueden hacer en el terreno los criminales ante los bien entrenados grupos de élite del Ejército. Es una cuestión de voluntad política, y de tener la información correcta.
En el operativo de Tapalpa también murió El Tuli, mano derecha del Mencho y principal operador financiero del cártel. No sabemos si la lógica vertical imperaba también en esa área, que incluye una red de empresas, tanto legítimas como ilegales, para lavar dinero. Lo que es seguro es que dicha red todavía está intacta y tiene que ser desarticulada, para evitar que se repita lo sucedido con otros grupos criminales que perdieron a su jefe sólo para que los cárteles se reacomodaran y cambiaran de nombre.
Lo que sigue es tan importante, o más, que la muerte del capo, reitero. Una estrategia exitosa de mediano plazo exige acabar con las redes que dotan de patrimonio al cártel. Exige, por tanto, acabar también con la colusión de autoridades de cualquier nivel, sin pensar en posibles consecuencias políticas o electorales. Exige vencer resistencias internas.
La presidenta Sheinbaum sale fortalecida de este lance, con independencia de los problemas de información que hubo el domingo de los hechos. Por una parte, deja la impresión de que sí está actuando en el asunto -el combate a la inseguridad- que más cuentas pendientes y menor grado de aprobación ciudadana dejó el anterior gobierno morenista. Por otra, da un paso más en alejarse, así sea por necesidad, del legado y la tutoría de AMLO, y moverse hacia la autonomía.
Pero igualmente importante es el paso en la relación con el poco fiable gobierno de Estados Unidos. La cooperación con EU, en materia de seguridad, le da armas defensivas al gobierno mexicano para bloquear las pretensiones de los extremistas dentro del trumpismo, que pugnan por el intervencionismo directo. Este grupo está enojado con el éxito de un operativo realizado en el terreno exclusivamente por militares mexicanos, y son estos ultraderechistas gringos los que más propalan noticias falsas sobre lo sucedido el domingo.
Es una manera con la que el gobierno mexicano puede defender la soberanía. Sirve mucho más que la retórica nacionalista.
Finalmente, un recordatorio: el 80 por ciento de las armas que utiliza el CJNG vienen de Estados Unidos, donde se comercializan de manera libérrima. Es momento para insistir que la industria del armamento en EU es parte integral del baño de sangre en México y de la proliferación de la droga del otro lado de la frontera. Ese es un tema en el que nuestro país siempre ha tenido la razón.
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