Las elecciones legislativas celebradas en Colombia el pasado 8 de marzo dejaron una fotografía que debe leerse más allá de la repartición de escaños y curules. No se trata únicamente de quién ganó y quién perdió, sino de analizar qué tan incluyentes son las democracias latinoamericanas. En ese terreno, los preconteos avanzan una verdad incómoda: la paridad no llega por inercia, ni como consecuencia natural del voto. Es el resultado de reglas y mecanismos eficaces para contener la violencia política de género.
Colombia eligió 102 escaños del Senado y 183 curules de la Cámara de Representantes. Pero la magnitud no es lo relevante, sino por la distancia entre el discurso igualitario y sus resultados. Aun cuando el país ha avanzado hacia reglas más favorables para la inclusión de las mujeres, su representación política está lejos de una lógica paritaria.
Los datos del preconteo muestran que sólo el 31.4% de los escaños del Senado fue ganado por mujeres, mientras que –con un porcentaje menor–el 29.8% de las curules de la cámara baja serán ocupadas por legisladoras. Este desfase tiene una explicación institucional.
En Colombia, la legislación ha reforzado la inclusión de mujeres en determinadas listas, pero no impuso una alternancia obligatoria entre hombres y mujeres. Esa diferencia es decisiva. Cuando la norma permite cumplir la cuota sin ordenar la ubicación competitiva de las candidaturas, los partidos conservan margen para simular apertura y, al mismo tiempo, reservar espacios más viables para hombres. Además, las fuerzas políticas tienen la posibilidad de elegir entre presentar listas preferentes o no preferentes. Con esta instrumentalización, la desigualdad permanece y se vuelve jurídicamente sofisticada.
Por eso conviene mirar no solo cuántas mujeres resultan electas, sino en dónde empieza la exclusión. Las candidaturas de mujeres rondaban apenas cuatro de cada diez postulaciones. El problema comienza en la antesala de los comicios, cuando los partidos avalan candidaturas, definen la posición en las listas, reparten recursos y priorizan visibilidad. Aunque ese momento sea menos visible que la votación misma, ahí se decide buena parte de la representación futura y las probabilidades de victoria en el tarjetón.
Hay otro factor que no puede considerase secundario: la violencia política contra las mujeres. En Colombia, ONU Mujeres documentó que casi el 77% de las candidatas a las elecciones territoriales de 2023 sufrió violencia durante la campaña. La cifra dialoga con la calidad de la democracia, donde participar implica, para muchas, asumir un costo diferenciado y cotidiano.
Las brechas de género en el acceso a cargos de elección popular suelen producirse, sabemos, al seno de los institutos políticos y en el andamiaje jurídico. Por eso, México ofrece una referencia. La reforma constitucional de 2019 en materia de paridad amplió la exigencia de igualdad a todos los cargos públicos y consolidó una visión más robusta que la sola cuota de candidaturas. Sus efectos fueron visibles: más allá de la postulación, cada vez más espacios tuvieron una conformación paritaria. Después la reforma de 2020 en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género agregó un componente indispensable: reconocer que no basta con abrir el acceso si no se protege a quienes entran.
Aunque México no es un modelo perfecto, deja una lección útil para la región: las reglas importan. Importa el orden de las listas, si la paridad es vertical y horizontal, si existen sanciones, si el Estado reconoce la violencia política como una forma específica de exclusión democrática. Será importante observar la aplicación de la Ley 2453 de 2025 en materia de violencia contra las mujeres en política. Sin esa arquitectura, la representación de las mujeres queda expuesta a la discrecionalidad.
Es cierto que las cuotas no eliminan las dinámicas estructurales que reproducen la desigualdad, pero sí contribuyen a generar condiciones más equitativas de competencia para abrir paso a una presencia efectiva de mujeres en espacios de poder. Espacios en donde su presencia no es accesoria, sino sustantiva.