Apenas la semana pasada se consumó una derrota anunciada para Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum. Lo sucedido en la Cámara de Diputados honró la sabiduría popular que se retrata en un refrán mexicano muy tradicional: para que la cuña apriete ha de ser del mismo palo. En esta ocasión, no fueron la oposición o la mafia del poder las que frustraron una reforma constitucional de carácter electoral que planteaba, entre otras, modificaciones a las estructuras del Poder Legislativo y la reducción del financiamiento público a los partidos políticos. Esta vez quienes detuvieron el ánimo presidencial traducido en una nueva adecuación al texto constitucional fueron los aliados de Morena: el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, que de manera inusitada se sumaron a los partidos opositores para detener desde San Lázaro una reforma que les hubiera preparado su funeral político. Ante ello, apenas ayer fue presentada en la Cámara de Diputados una nueva iniciativa de reforma que ha sido anunciada como el Plan B y que, ahora sí, parece contar con la conformidad de los aliados oficialistas.
Analizando ambas iniciativas – la original y la más reciente – son pocos los puntos de coincidencia en cuanto al fondo. Lo que en la primera se concentraba en el sistema de legisladores por el principio de representación proporcional hoy ya es historia y ahora las víctimas son los congresos locales y los ayuntamientos. Nada que ver una con otra, salvo que en ambas se argumenta y se persigue generar ahorros frente a lo que algunos considerarán como prácticas dispendiosas y otros más argumentarán como costos propios de la democracia. Al final, si es que se quiere encontrar un punto de coincidencia, es el recorte presupuestal que hace suponer ahorros en materia electoral que, según se dice, ahora se destinarán a inversión en infraestructura. En ello, lo económico y presupuestal, quizá lo que convenga advertir es la necesidad del gobierno de adelgazar gasto para poder destinar recursos a áreas que hoy han sido relegadas frente a la presión presupuestal que genera una política social que parece descontrolada y asemeja más a un barril sin fondo para satisfacer clientelas, que una estrategia para elevar los niveles de vida de la población más necesitada.
Pero como muchas veces sucede, lo que representa dinero pocas veces es lo que más importa y lo verdaderamente relevante está en el poder y las tensiones que ello genera. En esta ocasión, las tensiones suscitadas al interior del oficialismo son la nota a destacar y ellas acarrearán consecuencias con todo y un Plan B que, ahora sí, es probable que transite para materializarse en norma constitucional. Los partidos del Trabajo y Verde hicieron sus cálculos y definieron que haber apoyado la iniciativa original hubiera significado tanto como firmar en vida su inminente acta de defunción y prefirieron alargar la agonía desafiando a la presidenta y a Morena, su hermano mayor. Al final, afrentas de este tipo pueden maquillarse para hacer ver que la relación fue recompuesta, pero debajo de la pintura y los retoques las fracturas persisten y dejan en un estado de fragilidad absoluta una alianza que será difícil de volver a ver – cuando menos con la misma fuerza y condescendencia que tuvo en 2024 – en las próximas elecciones presidenciales.
Por ahora, el Partido Verde parece haber garantizado llevar mano en la designación de candidatos a las gubernaturas de Quintana Roo y San Luis Potosí, con ánimos de expandir su dominio a Zacatecas. El Partido del Trabajo, por su parte, conservará algunas presidencias municipales y, lo más importante de todo, recursos para manejar los jardines de niños que se han convertido, al paso de las décadas, en un jugoso negocio. Y pienso que ambas canonjías son un “por ahora”, pues hasta en tanto no se definan candidaturas y se asignen presupuestos todo está en el aire, porque si en la política de las alianzas algo resulta claro, es que una vez que una de las partes condiciona su apoyo, a relación de confianza nunca vuelve a ser la misma. Creo que a Morena y a la presidenta Sheinbaum les ha quedado claro que la devoción jurada hacia la Cuarta Transformación por líderes como Manuel Velasco y Alberto Anaya tiene precio y cuota política. Por su parte, hoy el Verde y el PT deben asumir que con aquello que compraron a través del berrinche y el chantaje tendrá un costo que, al final, puede ser mayor al de haber tenido, por primera vez desde su nacimiento, que nadar sin aletas y caminar sin bastones. Los verdaderos precios y costos del Plan B no se conocerán de inmediato, pero más pronto que tarde habrán de conocerse y, entonces, será claro quiénes fueron los ganadores y quiénes los perdedores de esta jugada.
Profesor de la UNAM
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