La Ciudad de México ha construido uno de los sistemas más ambiciosos del país para garantizar la representación política de poblaciones históricamente excluidas. Desde 2018, el Instituto Electoral de la Ciudad de México ha promovido la postulación de candidaturas de personas jóvenes, con discapacidad, indígenas, afromexicanas, de la diversidad sexual y, recientemente, adultas mayores. Los resultados numéricos son claros: de 12 fórmulas electas por acción afirmativa en 2018 se llegó a 20 en 2024; en las alcaldías se pasó de 25 a 56. El modelo funciona. Abre la puerta. El problema es lo que ocurre después de cruzarla.
El Colegio de México, por encargo del IECM, realizó uno de los estudios más completos hasta ahora sobre la eficacia de las medidas afirmativas en tres procesos electorales consecutivos. Sus hallazgos confirman los avances, pero también documentan con precisión los problemas que los números por sí solos no muestran.
El primer problema está en la acreditación. Para postularse como persona con discapacidad en 2018 y 2021 bastó una declaración de buena fe. Ningún partido tuvo que probar nada. En 2024 se introdujo un comprobante médico, pero el propio estudio lo califica como “mucho menos restrictivo” que los criterios aplicados a otros grupos. El resultado es previsible: se generan registros con requisitos mínimos de verificación, por ejemplo, personas que usan lentes de aumento por miopía resultaron postuladas para representar a la población con alguna discapacidad. No es un caso extremo. Es una consecuencia directa del diseño normativo.
Para los grupos indígenas y pueblos y barrios originarios el problema es distinto, pero igualmente serio. Durante años se confundieron dos colectividades con dinámicas, derechos y criterios de pertenencia distintos. La autoadscripción calificada —demostrar un vínculo efectivo, documentado y comprobable con la comunidad— se exigió de manera desigual en cada proceso. Eso abrió espacios de simulación que el propio estudio documenta con expedientes en mano.
El segundo problema es más estructural. Llegar no siempre significa representar. El estudio analizó 2,109 iniciativas legislativas presentadas durante el primer año de cada legislatura. De ese total, 494 buscaron representar a alguno de los grupos de atención prioritaria. Es un avance. También marca un límite. La mayoría de la actividad legislativa de quienes accedieron por acción afirmativa no se orientó hacia el grupo que decían representar. Solo el 20% de sus iniciativas se vinculó directamente con ese grupo. Catorce diputaciones no presentaron una sola iniciativa relacionada durante su primer año.
Hay datos que matizan el panorama. Las diputaciones electas por acción afirmativa alcanzaron una tasa de efectividad legislativa de 15.4%, ligeramente superior al 12.25% del resto. Abrir espacios también modifica agendas y visibiliza temas. Pero la presencia sin agenda puede terminar en un modelo de representación incompleta.
El balance es claro. Se avanzó en inclusión. Persisten problemas en la implementación. Los principales avances han sido impulsados por las autoridades electorales quienes han diseñado reglas, corregido omisiones y empujado el tema en contextos de resistencia política. Ese ciclo ya mostró sus límites.
Es momento de que los congresos asuman su responsabilidad. Se requieren normas claras, criterios verificables y reglas que no dependan de interpretaciones flexibles ni de acuerdos cambiantes. La inclusión necesita anclarse en la ley. Sin ese paso, el sistema seguirá mejorando en números y quedándose corto en resultados y representación.
El estudio completo puede consultarse en la Biblioteca Electrónica del IECM:https://aplicaciones2.iecm.mx/biblioteca-electronica/pub/sing_pub.php?publicacion=642
X: @ramos_mega
Instagram: @ernesto_ramos_mega