Recientemente, en el seno del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) impulsamos el objetivo de “territorializar” la función, ya que, durante mucho tiempo, los tribunales fueron percibidos como espacios lejanos, complejos y, en no pocas ocasiones, inaccesibles.
Conviene explicarlo con claridad: el Tribunal de Disciplina Judicial es un órgano del Poder Judicial de la Federación, con independencia técnica y de gestión, encargado de supervisar el desempeño de quienes imparten justicia, investigar responsabilidades administrativas, evaluar a magistradas, magistrados, juezas y jueces, y resolver determinados conflictos dentro del propio sistema judicial. Su misión consiste en vigilar que la actuación del personal judicial se ajuste a la ley, y a los principios de integridad, honestidad y eficacia.
Sin embargo, ese mandato constitucional no puede cumplirse únicamente desde una oficina central o desde una visión distante de la realidad nacional, pues los problemas de la administración de justicia se presentan en los juzgados, en los tribunales, en las sedes judiciales distribuidas en toda la República. Es ahí donde se generan las buenas prácticas que deben fortalecerse, pero también las deficiencias, los rezagos y las conductas que deben corregirse. Por eso he sostenido que territorializar al Tribunal no es una consigna retórica, sino una necesidad institucional.
El Tribunal de Disciplina Judicial debe acercarse físicamente y operativamente a las distintas regiones del país, estar en contacto con las y los juzgadores, escuchar a quienes trabajan cotidianamente en la impartición de justicia y conocer de primera mano las condiciones concretas en que desarrollan sus funciones; y también, debe acercarse a la ciudadanía, a las personas justiciables, a quienes esperan una respuesta pronta. Todo esto significa “territorializar al TDJ”.
En los primeros meses de funcionamiento del Tribunal hemos dado pasos en esa dirección a través de una política de atención ciudadana más abierta y del fortalecimiento de los canales para la recepción de denuncias y quejas, así como de una presencia pública más activa para explicar qué hace este órgano y por qué su existencia contribuye al mejoramiento del sistema judicial.
Este esfuerzo se acompaña de otras tareas igualmente relevantes: la evaluación del desempeño judicial, para corregir deficiencias, mejorar procesos y fortalecer la capacitación. La profesionalización del capital humano, la transparencia institucional, la atención ciudadana y la formación de una Red Nacional de Tribunales de Disciplina, todo esto en aras de contribuir a la construcción de una mejor justicia, sin dejar de lado la revisión de las faltas.
Estoy convencida de que la disciplina judicial, entendida en su sentido más alto, no es enemiga de la independencia, sino una garantía de su recto ejercicio. Y esa garantía debe sentirse en todo el territorio nacional.
Mi compromiso cotidiano como presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial es trabajar para que esta institución se ubique cada vez más cerca del pueblo, de sus necesidades y de su legítima aspiración de contar con una justicia real, humana y verdadera.