La decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de enviar al Senado una iniciativa de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio representa un momento clave en la agenda pública nacional. Un posicionamiento político y ético frente a una de las violencias más graves y persistentes en nuestro país.
Durante décadas, el feminicidio fue una herida abierta en la sociedad, con cifras alarmantes, impunidad estructural y una normalización de la violencia contra las mujeres. Ante este panorama, reconocer el problema como prioridad de Estado resultó impostergable. Por ello, desde 2018, el papel de instituciones de procuración de justicia, como la encabezada por Ernestina Godoy Ramos, cuya trayectoria ha estado vinculada al fortalecimiento de mecanismos de investigación con perspectiva de género, llegó a visibilizar un reto pendiente con la sociedad, pero sobre todo con las mujeres.
La iniciativa presentada, plantea avances que cerrarán brechas históricas en la atención de estos delitos. Puntos clave de la iniciativa son, que el Ministerio Público investigue desde el inicio cualquier muerte violenta de una mujer como feminicidio; implementar el turno continuado para garantizar la investigación ininterrumpida; pena de 40 a 70 años de prisión para los responsables; y reconocimiento de nueve razones de género, incluyendo: signos de violencia sexual, antecedentes de violencias, delito motivado por estereotipos o prejuicios, existencia de relaciones de poder, así como 21 agravantes, como: víctima niña, adolescente o adulta mayor, víctima con discapacidad, delito cometido frente a hijas o hijos, víctima en situación de movilidad o perteneciente a pueblos originarios, pérdida de derechos sucesorios, patria potestad y tutela para los responsables del delito, entre otros. Además, la homologación de protocolos de investigación en todo el país y la garantía de acceso a la justicia y reparación del daño para las víctimas y sus familias.
Sabemos que ninguna ley puede por sí sola va a erradicar un problema como el feminicidio, delito que surge como consecuencia de desigualdades estructurales, estereotipos persistentes y una elevada tolerancia social a la violencia hacia las mujeres y, que durante demasiado tiempo, ha sido cómplice por omisión. Por ello, la transformación debe ir más allá del ámbito legal. Es imprescindible apostar por la educación, la capacitación a servidores públicos, medidas de prevención desde el enfoque de la salud y la reconstrucción del tejido social desde una perspectiva de igualdad y respeto.
La iniciativa representa un paso en la dirección correcta y como llamado a la corresponsabilidad. Erradicar el feminicidio no es tarea exclusiva del gobierno ni de las instituciones de justicia; es una causa que interpela a toda la sociedad, que llama a la corresponsabilidad.
Ejercer el poder implica asumir decisiones que impacten en la vida de las personas, especialmente de quienes han sido históricamente vulneradas. Hoy de nueva cuenta se atiende una realizad históricamente olvidada, que nos permite como sociedad dar más pasos hacia un país más justo. Porque no ha sido solo llegar al poder, es también labor cotidiana ejercerlo con responsabilidad, compromiso y, sobre todo, con justicia social, poniendo siempre como prioridad a las personas que por décadas estuvieron menos protegidas.