Hay decisiones que no solo se leen en expedientes: se sienten. Se convierten en angustia, en incertidumbre, en una herida que no cierra para quienes siguen esperando justicia. El caso de Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo vuelve a poner en evidencia una contradicción dolorosa: ni siquiera con mujeres al frente de las instituciones se está garantizando justicia para las víctimas de feminicidio.
Maciel fue víctima de una violencia brutal. Golpeada, torturada, con lesiones en todo el cuerpo y un gancho incrustado en la garganta, murió semanas después a consecuencia de esas agresiones. No hay matices posibles: se trata de un feminicidio agravado que retrata la peor cara de la violencia contra las mujeres.
En este contexto, la jueza Aneshuarely Amarande Riojas Orozco concedió un amparo al acusado bajo el argumento de que la prisión preventiva había superado el plazo de dos años sin una justificación suficiente por parte del juez de control. En términos simples: consideró que el Estado no acreditó correctamente por qué el imputado debía seguir en prisión mientras avanzaba el juicio, por lo que ordenó dejar sin efecto esa medida y sustituirla por una menos restrictiva.
El problema es que esa decisión no se quedó en lo técnico. El amparo obligó a que, en cuestión de horas, se retirara la prisión preventiva y se impusiera un arraigo domiciliario con vigilancia, lo que en la práctica significó que el acusado saliera de la cárcel aun cuando el juicio ya estaba en su etapa final. Es decir, no se trata de un caso estancado, sino de un proceso avanzado donde la resolución definitiva está cerca.
Lo preocupante no es solo el resultado, sino las omisiones que lo acompañan. La resolución deja fuera el análisis del impacto en la familia de la víctima, prescinde de la perspectiva de género y no pondera adecuadamente los riesgos que implica modificar la medida cautelar en un caso de esta naturaleza. En un país donde se insiste en colocar a las víctimas al centro, decisiones así parecen caminar en sentido contrario.
La presencia de mujeres en espacios de decisión no puede quedarse en símbolo si no se traduce en resoluciones que realmente protejan a otras mujeres. Este caso lo deja claro: la perspectiva de género no es automática, es una obligación. Y cuando se omite, el sistema entero falla.
El discurso institucional promete protección, justicia y cero impunidad. Pero los hechos, como este, cuentan otra historia. Una donde las familias siguen vulnerables, donde las decisiones judiciales generan incertidumbre y donde la justicia parece diluirse justo cuando más se necesita.
Porque cuando un presunto feminicida abandona la prisión en medio del proceso, el mensaje trasciende lo jurídico. Es un golpe de realidad.
Y ese golpe, hoy, lleva nombre y apellido: Aneshuarely Amarande Riojas Orozco.
Por cierto:
1. PERCEPCIÓN. Naucalpan, la seguridad sigue marcada por hechos que impactan la percepción, pero al revisar los casos recientes se identifican tres dinámicas claras que ayudan a entender la realidad: por un lado, ataques directos entre personas vinculadas a actividades ilícitas, es decir, agresiones focalizadas y no hechos al azar; por otro, conflictos en el ámbito privado, como discusiones familiares o riñas entre conocidos que ocurren dentro de domicilios donde es materialmente imposible la presencia permanente de la autoridad; y finalmente, el hallazgo de personas sin vida que no fueron privadas de la vida en el municipio, sino trasladadas y abandonadas en él, lo que distorsiona la lectura de la violencia local y alimenta una percepción que no siempre corresponde con el origen real de los hechos. Entender estas diferencias no minimiza el problema, pero sí permite dimensionarlo con mayor precisión y evitar generalizaciones que solo alimentan el miedo. Porque en seguridad, tan importante como actuar, es saber interpretar correctamente lo que está ocurriendo.
Vivo la noticia, para contarle la historia
@juanmapregunta