La Cámara de Diputados fue recientemente sede del Informe de las relatorías de las mesas de trabajo sobre la regulación del uso de motocicletas, un ejercicio oportuno ante el crecimiento sostenido del transporte motorizado en dos ruedas en la Ciudad de México y su zona metropolitana.
De acuerdo con INEGI, el parque de motocicletas en México pasó de 2.2 millones en 2014 a casi 9 millones en 2024, un crecimiento de 294% en diez años, con un incremento superior al 16% tan solo entre 2023 y 2024. La Ciudad de México y el Estado de México concentran una parte sustantiva de estas unidades, particularmente en zonas de alta densidad poblacional como Iztapalapa, Ecatepec y Nezahualcóyotl, donde millones de personas dependen del llamado transporte de barrio para resolver trayectos cortos, alimentar cadenas productivas locales y conectar con otros sistemas de movilidad.
En este contexto no puede omitirse a las mototaxis, un medio de transporte popular que ha surgido como respuesta comunitaria ante la insuficiencia del transporte formal en colonias periféricas, calles angostas y zonas de difícil acceso. Paradójicamente, mientras la motocicleta crece aceleradamente como vehículo privado y herramienta laboral, las mototaxis enfrentan una sobrerregulación fragmentada, criterios contradictorios entre municipios y estados, e incluso vacíos administrativos al no distinguir entre informalidad, delito y necesidad social.
Hoy con la reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de plataformas digitales, se reconoce que repartidores y conductores son personas trabajadoras, lo que convierte a este vehículo en un instrumento de trabajo formal. Más de 700 mil trabajadores de plataformas tendrán derechos laborales, seguridad social y protección frente a riesgos de trabajo. Sin embargo, este avance será incompleto si no se acompaña de procesos obligatorios de capacitación, tanto en conducción segura e inspección mecánica como en cultura vial, atención a usuarios y uso de equipo de protección.
Los datos de siniestralidad explican la urgencia. De acuerdo con la Alianza Nacional para la Seguridad Vial ANASEVI, tan solo en 2023 se registraron más de 79 mil siniestros viales en el país, que involucraron motocicletas, con un aumento alarmante respecto a años previos. En la Ciudad de México, los motociclistas se han consolidado como el grupo más afectado por fatalidades viales, representando alrededor del 45% de los fallecimientos por hechos de tránsito en períodos recientes. Estos números no pueden analizarse sin considerar la falta de formación técnica, el acceso desigual a licencias, y la inexistencia de estándares homogéneos a nivel nacional.
A este escenario se suma una narrativa incompleta que suele criminalizar tanto a motociclistas como a operadores de mototaxis. Es cierto que se han observado conductas de alto riesgo, como el no uso de casco por todos los ocupantes, transporte de menores de edad o de más de dos personas en la moto, circulación en sentido contrario, rebase indebido a autoridades en carreteras federales o el uso de motocicletas para cometer delitos. Pero también es cierto que miles de personas distribuyen alimentos, medicamentos e insumos urgentes, sosteniendo la economía cotidiana de barrios enteros. Satanizar al transporte popular resulta tan peligroso como ignorar los riesgos reales.
Regular estos medios sin escucharlos, o hacerlo de forma solo sancionatoria sin alternativas viables, empuja a la informalidad y al conflicto social. La solución no es prohibir, sino ordenar, profesionalizar y capacitar.
Por ello resulta impostergable la armonización completa de las leyes locales con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Ésta debe atender explícitamente al transporte de barrio, establecer criterios claros para las motos, homologar licencias, definir esquemas de capacitación obligatoria y garantizar condiciones mínimas de seguridad para todas y todos los usuarios de la vía, con énfasis en los más vulnerables.
Un elemento adicional no menor, es el cambio en el perfil de las personas usuarias. Cada vez más mujeres utilizan servicios de motocicleta por razones de costo, tiempo y percepción de seguridad, lo que obliga a incorporar perspectiva de género en la capacitación, los protocolos de atención y la regulación misma del sector.
La motocicleta y la mototaxi llegaron para quedarse. En zonas populares no son un lujo ni una moda, son una herramienta de subsistencia y movilidad cotidiana. Regular su crecimiento sin una visión metropolitana, social y económica es condenar a millones de personas al riesgo o a la ilegalidad. Capacitar, ordenar y coordinar no solo salva vidas, fortalece el desarrollo económico local, dignifica el trabajo y construye ciudades más seguras y equitativas.