En la mañanera del pueblo del 08 de abril de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum reconsideró el uso del fracking en México para extraer gas natural ante la creciente dependencia de este energético importado de los Estados Unidos de América. Esto cambia radicalmente la política de su antecesor, López Obrador, quien había prohibido esta práctica en razón a que requería un uso intensivo de agua. Un día después matizó su postura y descartó el fracking tradicional y sostuvo que sólo se procedería a extraer gas con tecnología de punta, con base en un dictamen de un comité de expertos ad hoc.
Esta decisión presidencial permitirá que en 10 o 15 años, PEMEX pueda extraer gas suficiente para fortalecer la soberanía energética, siempre y cuando desarrolle o adquiera las nuevas técnicas, que permitan el reciclamiento del agua. La explotación se iniciará, en el mejor de los escenarios, en 2035. Entonces, la prohibición del fracking implicó un retraso de 6 años.
En ese mismo foro, la presidenta retomó la estrategia de universalización de la salud, que se truncó el sexenio pasado con la desaparición del seguro popular, y presentó un cronograma para que la atención médica de las instituciones públicas, con base en un paquete básico, se lleve a cabo con costos de servicios acordados, que permita la referencia de un servicio a otro, y el intercambio de recursos para garantizar la oportunidad y calidad de la atención.
La primera etapa es la credencialización, que inicia con los mayores de 85 años, para identificar la ubicación de la población y su condición frente al sistema de salud. La segunda, que inicia en 2027, es el intercambio de servicios específicos entre instituciones, cuyos precios de referencia deberán estar previamente acordado, y en 2028 se iniciará el surtimiento universal de recetas. El calendario es muy ajustado y difícil de cumplir, pero esperemos que, en los primeros dos años de este gobierno, ya se haya avanzado en el trabajo de conciliar y ajustar los tabuladores de costo. Este trabajo se hizo a un lado en 2018 con la desaparición del seguro popular.
Además, las secretarías de hacienda y crédito público y la de salud tiene ocho meses para identificar las fuentes de financiamiento e incluirlas en el presupuesto del 2027, así como construir la infraestructura suficiente para expandir la cobertura de los servicios públicos. En cálculos conservadores se estima que, para lograr la universalización de la salud, es necesario aumentar el gasto público en este sector en más de 3 puntos del PIB. La creación y desaparición del INSABI retrasó el proceso de extensión de la atención seis años.
El 8 de abril la presidenta Shienbaum se reunió con los directivos de Black Rock, que es una administradora global de activos intangibles del mundo, que impulsa inversiones y gestiona riesgos financieros en infraestructura en el sector de energía. Este acercamiento forma parte de una estrategia de captar inversión para la generación de la energía eléctrica bajo el esquema de asociaciones público-privadas, lo que modifica sustancialmente la línea policía del gobierno anterior, que desplazó a los particulares del sector energético y buscó la renacionalización de la industria eléctrica. 2030 es un año crítico y ya no está lejano y se requiere de una inversión de 3 billones de pesos bajo el esquema de contrataciones mixtas.
La nueva Ley para el fomento de la inversión en infraestructura estratégica abre el abanico de posibilidades para la participación privada en la construcción, mantenimiento y operación de centrales eléctricas, vías férreas, obras hidráulicas carreteras, hospitales, entre otros sectores, y, en sintonía con el Plan México, ofrece garantía de certeza jurídica a los fondos de capitales privados y pensionarios (como las afores). Este tipo de políticas se abandonaron durante el sexenio de López Obrador.
Algo similar sucedió en seguridad pública, desarrollo administrativo, educación, combate a la corrupción, digitalización del gobierno, entre otros muchos aspectos de la vida colectiva, en los que las políticas equivocadas o el ánimo de destruir instituciones retrasaron significativamente las metas planteadas en las primeras décadas del siglo. 2018-2024 fue un sexenio perdido.
En 2026, con el actual gobierno, hay una corrección del rumbo, que esta semana fue evidente con la reconsideración del uso del fracking. Si se hubiera comenzado con el desarrollo de la tecnología la extracción de gas natural sería factible en dos o tres años, pero ahora tendremos que esperar hasta el 2035. Si no se hubiera desaparecido el seguro popular, el paquete universal de salud ya sería una realidad. Si no se hubiera obstaculizado la inversión privada y mixta en el sector eléctrico, la autosuficiencia energética sería más factible. La presidenta sabe que ya no hay tiempo que perder y está corrigiendo los errores del pasado inmediato y cada vez es más consciente de que perdimos un sexenio.
Investigador del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales y del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores
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