La Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026, liderada por la Administración de Trump, es una respuesta integral a la crisis de drogas en EE.UU., con especial énfasis en el fentanilo y otras drogas sintéticas. El documento reconoce la gravedad de la situación, que ha causado más de 100 mil muertes anuales por sobredosis en años recientes, y plantea una “ofensiva total” tanto en el ámbito nacional como internacional.
El documento reconoce de manera explícita que el alto consumo de drogas constituye una crisis de salud pública en Estados Unidos. Por ejemplo, en la introducción se afirma: “La Estrategia es un mapa estratégico para que Estados Unidos derrote el flagelo de las drogas y salve vidas. Se basa en dos pilares que se refuerzan mutuamente, una campaña implacable de todo el gobierno para atacar el suministro ilícito de drogas y un esfuerzo de salud pública de toda la sociedad para reducir la demanda y el consumo.”
Además, se menciona que la prevención del consumo de sustancias es una de las formas más efectivas de proteger la salud pública, fortalecer comunidades y reducir los costos sociales y económicos a largo plazo del uso de drogas.
El documento dedica capítulos completos a la prevención, tratamiento y recuperación, abordando el consumo de drogas como una enfermedad y un reto de salud pública que requiere intervención médica, social y comunitaria.
Por otro lado, hace el reconocimiento del tráfico de armas como problema vinculado a la salud pública y la seguridad, aunque el tráfico de armas se aborda principalmente como un problema de seguridad y crimen organizado, la Estrategia lo vincula directamente con la violencia asociada al tráfico de drogas, que tiene consecuencias graves para la salud pública.
En el capítulo sobre amenazas criminales transnacionales, se establece como objetivo “Desmantelar sistemáticamente las redes de tráfico de armas que arman a estos grupos peligrosos... Al cortar esta línea de suministro crítica, degradaremos su capacidad de usar la violencia y la intimidación como herramientas de su comercio, haciendo que sus operaciones sean más vulnerables y contribuyendo directamente a su eventual desmantelamiento.”
Se reconoce que la violencia generada por el tráfico de armas y drogas desestabiliza comunidades y limita oportunidades económicas legítimas, lo que afecta la salud y el bienestar de la población. El documento señala que las Organizaciones Criminales Transnacionales (TCOs) y las Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTOs) utilizan armas ilegales para controlar rutas de tráfico y perpetrar violencia, lo que incrementa los riesgos para la salud pública y la seguridad.
Se menciona la importancia de la colaboración entre agencias de salud pública y seguridad para responder a eventos de sobredosis masiva y violencia relacionada con drogas y armas.
En la ofensiva contra el suministro señala la clasificación del fentanilo y sus compuestos como drogas de la lista I; designación de cárteles como organizaciones terroristas extranjeras y del fentanilo como arma de destrucción masiva; refuerzo de la frontera sur con infraestructura y tecnología avanzada, y deportación de traficantes violentos; cooperación internacional para frenar el flujo de precursores químicos, especialmente desde China e India, y drogas terminadas; sanciones financieras y legales a empresas y personas que faciliten el tráfico ilícito y el uso de inteligencia, inteligencia artificial y tecnología para anticipar y detectar amenazas emergentes.
Sobre la reducción de la demanda y apoyo a la recuperación considera la promoción de una cultura de vida libre de drogas como norma social, especialmente entre jóvenes y en el entorno laboral; prevención basada en evidencia, campañas en medios digitales y apoyo a programas religiosos y comunidad; acceso ampliado a tratamiento y recuperación, integración de la atención en el sistema de salud; reconocimiento y apoyo a los más de 23 millones de estadounidenses en recuperación; distribución masiva de naloxona y desarrollo de nuevos medicamentos para revertir sobredosis.
En cuanto a la coordinación y evaluación, presenta un enfoque de “todo el gobierno” con responsabilidades claras para agencias federales, estatales y locales; uso de datos en tiempo real y sistemas de vigilancia para evaluar amenazas y medir el impacto de las políticas.
La Estrategia 2026 busca una victoria total sobre la crisis de drogas, combinando ofensiva legal y tecnológica contra el suministro, prevención y tratamiento accesibles, y una movilización social y gubernamental sin precedentes. El objetivo es revertir la tendencia de muertes por sobredosis y restaurar la seguridad y salud de las comunidades estadounidenses. Y como metas cuantificables, encontramos la reducción de muertes por sobredosis de 71,630 este año a 60,000 en 2029.
Cómo podemos observar, la Estrategia va más allá de lo que los medios de comunicación quieren insertar en la narrativa en México. Es de reconocer que hay un enfoque más integral, que busca abordar el problema no sólo como un asunto de seguridad, sino también de salud pública. Y la necesidad de enfocar esfuerzos en prevención, como también lo hace nuestro gobierno, ya es un gran avance. Veremos, cómo pinta el escenario una vez que se ponga en marcha.