El colapso del discurso opositor fue total: de pretender darle clases de honestidad a la 4T, el panismo terminó con su figura histórica y emblemática tras las rejas del Altiplano.
Ernesto Ruffo Appel enfrenta graves acusaciones por delincuencia organizada y defraudación fiscal, un expediente cuyo eje central es el contrabando de hidrocarburos, un esquema conocido popularmente como huachicol fiscal.
El encarcelamiento del exmandatario sepultó de golpe la supuesta superioridad moral con la que la derecha mexicana ha pretendido, todos los días, dar lecciones de ética y gobernabilidad al proyecto de la Cuarta Transformación.
El hombre que en 1989 se vendió como el profeta de la alternancia en Baja California duerme hoy en el penal del Altiplano de máxima seguridad del país.
La Fiscalía General de la República (FGR) no lo persigue por su ideología conservadora; lo procesa porque ejecutó un despojo multimillonario a la nación.
Con 18 cajas con evidencias y tras verse involucrada su empresa en el decomiso histórico de huachicol fiscal más cuantioso de 15.4 millones de litros de combustible en Coahuila, la narrativa con la que la oposición juzga al gobierno se desmorona.
Su empresa, Ingemar, operó como el engranaje central del fraude al erario.
El propio Ruffo reconoció días después de ese decomiso, que su empresa “solo se encargo de los tránites aduanales” de ese cargamento de diesel".
Resulta revelador el cinismo con el que la cúpula conservadora reaccionó. Desde el consejo directivo del PAN y del nuevo instituto político conservador “Somos México” —franquicia de Claudio X. González y Ricardo Salinas Pliego, y de la cual Ruffo forma parte del Consejo directivo—, personajes como Guadalupe Acosta Naranjo y Gustavo Madero salieron a defenderlo.
Sin embargo, en cuanto se supo que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) documentó los 18 millones de pesos triangulados a la cuenta de Ruffo, la histeria opositora mutó a un incómodo silencio.
A la derecha se le cayó el libreto de la “venganza política” ante el peso de la evidencia de los millones recibidos.
La presidenta Claudia Sheinbaum fijó su postura durante su gira norteña: “Nadie por encima de la ley, pero tampoco debajo del debido proceso”, marca la frontera con los privilegios del pasado.
El expediente reaviva la manchada memoria del viejo régimen: desde los señalamientos de 1993 sobre el entorno de Ruffo y su cercanía con el Cártel de Tijuana, hasta su pleito con Felipe Calderón, con quien contendió por la dirigencia del PAN.
Pese a esos antecedentes oscuros, el panismo jamás tuvo empacho en mantenerlo en su núcleo duro, incluso en 2018 le encargaron la coordinación de la defensa del voto de la campaña de Ricardo Anaya.
La derecha siempre conoció las sombras de su “icono”, pero siempre prefiere operar con doble rasero.
En esta nueva etapa, la FGR tiene la obligación de acopiar e integrar toda la información que sostenga con rigor la culpabilidad de Ernesto Ruffo Appel, para cerrar cualquier margen a la especulación procesal.
La autoridad no debe dejar un solo resquicio jurídico que conduzca a la impunidad. De este modo impedirá los escenarios observados durante la inoperante gestión anterior de Alejandro Gertz Manero.
Los mismos políticos que acusan al gobierno de autoritarismo hoy quedan expuestos como los beneficiarios directos de un fraude millonario que despojó a la nación vía evasión tributaria y contrabando.
Desde su celda en el Altiplano, Ruffo Appel aguarda la etapa intermedia de su proceso. Su caída no solo frena un delito y juzga a un individuo, también exhibe la podredumbre financiera de una derecha hipócrita que se quedó sin discurso ni autoridad moral.