Cuando parecía que la relación entre México y Estados Unidos había entrado en una etapa de relativa calma, el crimen organizado volvió a ponerla bajo presión. Esta vez el golpe no llegó en forma de aranceles ni de una amenaza comercial de Donald Trump, sino que fue directo al campo mexicano.
El pasado 5 de agosto, Estados Unidos suspendió temporalmente las inspecciones del Departamento de Agricultura (USDA) en Michoacán, indispensables para autorizar los embarques de aguacate hacia su territorio. La decisión se tomó después de una alerta de seguridad relacionada con amenazas a intereses estadounidenses, en medio de la violencia desatada tras la captura de Alfonso Fernández Magallón, “El Poncho”, señalado como líder criminal y extorsionador de productores.
La medida duró pocos días, pero el mensaje fue contundente. El 8 de agosto, la Embajada de Estados Unidos anunció la reanudación parcial de sus actividades en algunas zonas del cinturón aguacatero, después de que México desplegara más de mil 500 elementos del Ejército y la Guardia Nacional para reforzar la seguridad. Sin embargo, las autoridades estadounidenses dejaron claro que seguirán evaluando las condiciones antes de restablecer completamente sus operaciones.
No es la primera vez que sucede. En 2024, los inspectores estadounidenses fueron agredidos y retenidos durante un incidente en Michoacán y las exportaciones también fueron suspendidas temporalmente. Que el episodio se repita dos años después debería preocupar mucho más a nuestro gobierno, ya que se trata de la capacidad del Estado mexicano para garantizar que una de sus industrias agroexportadoras más importantes pueda operar con seguridad.
México aporta alrededor de 80 por ciento de los aguacates que consume Estados Unidos y en 2025 las exportaciones mexicanas de este producto hacia ese mercado alcanzaron unos 3 mil 650 millones de dólares. Para 2026 se proyecta que México exporte alrededor de 1.2 millones de toneladas de aguacate a Estados Unidos, prácticamente 90 por ciento del volumen exportado por nuestro país.
El problema es que detrás de ese negocio multimillonario existe otra economía, la del crimen organizado. En Michoacán, los grupos criminales llevan años disputándose el control de territorios, rutas y actividades productivas como el aguacate y el limón. La extorsión y el cobro de piso se han convertido en un impuesto criminal que pagan productores que nada tienen que ver con el narcotráfico.
Por eso resulta significativo que el gobierno estadounidense haya tenido que tomar medidas para proteger a sus propios inspectores dentro de territorio mexicano. Aunque la suspensión fue temporal y las operaciones ya comenzaron a restablecerse parcialmente, el precedente es preocupante ya que la inseguridad empieza a tener consecuencias directas sobre una relación comercial estratégica.
El asesinato de Bernardo Bravo, dirigente de productores de limón y aguacate que había denunciado la extorsión, y el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, mostraron hasta dónde puede llegar el poder criminal cuando siente amenazados sus intereses. Ahora, la captura de dirigentes de esas organizaciones y la reacción violenta posterior vuelven a demostrar que el problema está lejos de ser resuelto.
El gobierno de Claudia Sheinbaum y el equipo de Omar García Harfuch pueden presumir detenciones importantes, decomisos y golpes a las estructuras criminales. Pero la prueba definitiva no está solamente en cuántos capos son detenidos, sino en si el productor puede trabajar sin pagar piso, si un alcalde puede gobernar sin ser amenazado y si un inspector extranjero puede realizar su trabajo sin que Estados Unidos tenga que suspender sus actividades por razones de seguridad.
@fer_martinezg