El 7 de agosto pasado, los medios de comunicación se pintaron de rojo, azul y amarillo de nuevo. Tras un tenso balotaje entre dos candidatos de polos ideológicos opuestos, Abelardo de la Espriella asumió oficialmente la presidencia de Colombia.
Más allá de la toma de posesión, uno de las puntos más discutidos a lo largo del proceso electoral colombiano giraba en torno al impacto geopolítico de estos comicios. Independientemente de que ganara la izquierda o la derecha, la dirección de Colombia tendrá un impacto en los países colindantes y en la relación con Estados Unidos a nivel regional. Desde una mirada geopolítica, el foco de atención recaía sobre el tema de seguridad.
La frontera porosa de la zona amazónica que divide Colombia, Ecuador y Perú representa un reto para la seguridad de los tres países. La rápida expansión de grupos del crimen organizado que dedican sus operaciones a la minería ilegal y el tráfico de armas es uno de los principales problemas de la región. Se suma a lo anterior la limitada capacidad de los Estados para garantizar la seguridad territorial y humana de sus poblaciones.
A pesar de que cada gobierno enfrenta retos distintos y ha implementado soluciones distintas, las estrategias puestas en marcha por los tres gobiernos comparten una lógica común, acorde con ideologías de derecha. En Colombia, por ejemplo, las propuestas privilegian el fortalecimiento de las capacidades operativas, una mayor presencia militar, herramientas tecnológicas para el control del territorio y el fin de cualquier proceso de paz. En Perú, por su parte, el énfasis recae en la creación de megacárceles, el uso de inteligencia artificial y operaciones coordinadas entre las fuerzas policiales y militares. Finalmente, Ecuador prioriza reforzar su frontera sur mediante el uso de drones, sensores y sistemas de vigilancia.
En conjunto, las propuestas parecieran anteponer medidas coercitivas a soluciones estructurales. La experiencia latinoamericana ha demostrado que estas políticas suelen generar resultados limitados cuando no se acompañan de soluciones institucionalizadas impulsadas por la sociedad civil, de la apertura de oportunidades de desarrollo y del respeto a los derechos humanos.
Un intento por analizar las distintas dimensiones de seguridad y sus posibles respuestas en la región nos obliga a mirar el territorio con objetividad: tiene una extensión amplia, estructurada sobre múltiples aristas de desigualdad social y conformado por zonas marginadas de difícil acceso. Los mercados ilegales no pueden entenderse desde una única causa ni resolverse únicamente con coerción.
Lo que está en juego en Colombia, Ecuador y Perú trasciende los límites fronterizos de cada uno. Estamos frente a un cambio político y social importante, en el que las estrategias de “mano dura” encuentran cada vez más eco y popularidad, extendiéndose de forma sostenida a lo largo de la región. No podemos perder de vista que existe un vacío importante en las medidas implementadas para asegurar la protección de poblaciones en situación de vulnerabilidad que, además, se ubican en zonas de conflicto interno.
La seguridad, más que una estrategia que busca la contención de amenazas, debe entenderse como un instrumento orientado al fortalecimiento del Estado de derecho y a la procuración del bienestar social. El éxito de las medidas de seguridad no debería depender únicamente del número de operativos, decomisos, arrestos, efectivos desplegados o tecnologías incorporadas, sino de la capacidad estatal de los gobiernos para construir mecanismos de cooperación, desarrollo, protección ambiental y derechos humanos. Es responsabilidad de los gobiernos, sean de derecha o izquierda, priorizar y generar seguridad con legitimidad y protección.